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- Video fuerte de los sicarios ejecutados en balacera de Apatzingán
- Balacera deja 6 muertos
- Los narco vehículos y sus blindajes 'piratas'
- Los narco capturados durante el 2014
- Ejecutan a tres en Acapulco; entre ellos un profesor
- Porque nunca se ha podido ganar la guerra contras el narco
- La Historia del único "Hombre" que conquisto el narco
- "Yo ejecutaba, cortaba cabezas"; sicario que trabajo para 'El Chapo'
- El Día Reyes que trajo balazos y detenidos en Apatzingán
- Años y Años de la misma cochinada en Tamaulipas
- Capturan a asistente de Vicente Carrillo Fuentes
- Vídeo: ”Vamos a demostrarles lo que se puede hacer con armas, a la verga”, ‘El Americano’
Video fuerte de los sicarios ejecutados en balacera de Apatzingán Posted: 10 Jan 2015 12:13 PM PST Apatzingán, Michoacán.- Un video que circula en redes sociales que fue grabado en la Avenida Constitución 1814 de Apatzingán. Donde el pasado 6 de enero ocurrió una balacera entre civiles y elementos de la Policía Federal que dejó un saldo de al menos 9 personas muertas. En el video se muestra como una de las víctimas que estaba tirado en el piso, aún con vida, junto a los cadáveres de otros hombres, éste pedía auxilio, pese a ello nadie le hizo caso y lo dejaron morir, nadie lo ayudó. El pasado 6 de enero del 2015, un grupo de civiles que controlaban el Ayuntamiento de Apatzingán, en el estado de Michoacán se enfrento a la policía federal cuyo enfrentamiento dejo 9 muertos según informes de prensa, en medio de acusaciones de brutalidad policial. En el presente material de archivo un video, podemos ver uno de ellos aún en movimiento, mientras un policía sella el área no ha habido consenso sobre si es resultado de un movimiento reflejo o el hombre aún estaba vivo y no se hace nada al respecto para ayudarlo. El hombre mueve las dos manos donde se encuentra tirado pero ahí se queda sin ser ayudado hasta perder la vida. De acuerdo con los reportes los hombres del vídeo fueron parte de los muertos en la balacera y los cinco que se aprecian tirados viajaban en el vehículo cuando se dijo fueron acribillados brutalmente. Vídeo fuerte de los viagras ejecutados por militares en Apatzingán |
Posted: 10 Jan 2015 05:27 PM PST La dependencia señaló que los hechos ocurrieron en el municipio de Urique en un despoblado cercano a la comunidad de Cerocahui. Muy cerca de los límites con el estado de Sinaloa, de hecho, según versiones fueron las autoridades de aquella entidad las que recibieron primero la notificación de lo ocurrido, ya que habitantes de la región que reportaron el incidente supusieron que la reyerta ocurrió en tierras sinaloenses. De acuerdo con información de la dependencia, los fallecidos fueron identificados como: Lorenzo Antonio Portillo Gil, de 31 años; Vicente Eluviel Beltrán Jiménez, de 20; Claudio Beltrán Castillo, 32; Juan Manuel González Valenzuela. De 19; Juan Castillo Salome, 32; y Gustavo Núñez Mancinas, de 30, todos residentes en el dicho municipio. La Fiscalía detalló que se recabaron en el sitio cartuchos de diferentes calibres, así como varias armas y un vehículo. Agregó que se desconoce a cuáles grupos delictivos pertenecen los seis hombres muertos, sin embargo al dar positivo a las pruebas de radisonato se confirmó que todos participaron del enfrentamiento. |
Los narco vehículos y sus blindajes 'piratas' Posted: 10 Jan 2015 04:20 PM PST La extrema rivalidad entre varios cárteles en México, los cuales pelean el control regional del tráfico de drogas, ha producido una carrera armamentista. Así lo señala un estudio de la Claremont Graduate University que revisa la forma en que los narcotraficantes mexicanos utilizan la tecnología militar de forma improvisada para blindar sus vehículos de combate. El estudio, realizado por Robert J. Bunker y Byron Ramírez, destaca "la importancia de la improvisación militar que ha tenido lugar en México. Curiosamente, durante la durante la revolución Libia de 2011. Los rebeldes utilizaron un ingenio similar en sus vehículos con blindaje improvisado para luchar contra el Ejército de Gaddafi". El estudio de este tipo de manifestaciones "puede dejar lecciones importantes para la lucha contra la insurgencia criminal militar". El estudio realiza una revisión que comprende desde mediados de 2010 hasta principios de 2012, de varios vehículos que fueron asegurados por las autoridades. "Si bien se ha dicho que el gobierno mexicano tiene incautado más de un centenar de estos vehículos" el estudio sólo empleo dos docenas de vehículos, de los cuales se obtuvieron imágenes. La mayoría de los vehículos blindados de los narcos fueron asegurados en Tamaulipas, durante enfrentamientos entre los cárteles de Los Zetas y del Golfo. Nivel I Defensivo. Vehículo con blindaje improvisado / apresurada protección balística Nivel II Defensivo. Blindado profesionalmente Nivel III Temprano Ofensivo. Con un búnker improvisado y una posición para tirar Nivel III Maduro Ofensivo. Narco tanques, rino camiones o monstruos. Nivel IV Ofensivo. Con blindaje y pistola como los tanques. |
Los narco capturados durante el 2014 Posted: 10 Jan 2015 04:13 PM PST Los penales de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, y de Puente Grande, en Jalisco, tuvieron nuevos inquilinos del crimen organizado durante 2014. Entre las capturas más importantes del año están las de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, El Chapo, líder del cártel de Sinaloa, y Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, dirigente del cártel de Juárez. Otras organizaciones criminales. Que tuvieron fuertes golpes en su estructura fueron los cárteles de los Beltrán Leyva, Arrellano Félix, Caballeros Templarios, Jalisco Nueva Generación, Los Rojos, La Familia, Los Zetas, del Golfo y Guerreros Unidos. Estos fueron los capos más poderosos capturados en 2014: Joaquín Archivaldo Guzmán Loera El Chapo Líder del cártel de Sinaloa. Detención: febrero 22, en Mazatlán, Sinaloa. Estaba en un condominio con su esposa e hijas. Preso: Penal del Altiplano, Estado de México. Cargos: delincuencia organizada, delitos contra la salud, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y lavado de dinero. Vicente Carrillo Fuentes El Viceroy Líder del Cártel de Juárez. Detención: octubre 9, en Torreón, Coahuila. Preso: Penal de Puente Grande, Jalisco. Cargos: portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y delincuencia organizada. Héctor Beltrán Leyva El H Líder del cártel de los Beltrán Leyva. Detención: octubre 1, en San Miguel de Allende, Guanajuato. Comía con el empresario Germán Goyeneche Ortega en un puesto de mariscos. Preso: Penal del Altiplano, Estado de México. Cargos: portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y posesión de cartuchos y narcotráfico. Existen 29 averiguaciones previas de los fueros federal y común, además de tres órdenes de aprehensión libradas en su contra. Luis Fernando Sánchez Arellano El Ingeniero, 41 años. Líder cártel de Tijuana. Detención: junio 23, en Tijuana, B.C. Veía el partido de futbol México-Croacia en un restaurante. Preso: Penal del Altiplano, Estado de México. Cargos: lavado de dinero, narcotráfico, extorsión, secuestro y homicidio. Sidronio Casarrubias Salgado Líder de Guerreros Unidos Detención: octubre, en la carretera México-Toluca. Preso: Penal del Altiplano, en el Estado de México. Cargos: delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Está vinculado con la desaparición en Iguala de 43 normalistas de Ayotzinapa. Dionisio Loya Plancarte El Tío, 59 años. Líder de Los Caballeros Templarios. Detención: enero 27, en Morelia, Michoacán. Se escondió dentro del clóset de una casa para evitar ser capturado. Preso: Penal del Altiplano, en el Estado de México. Cargos: violar la Ley Federal de Armas de Fuego de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas, delincuencia organizada y contra la salud. Además, se le vincula en 14 expedientes ministeriales por su probable participación en diversos hechos delictivos. Ismael Zambada Imperial El Mayito Gordo Cártel de Sinaloa. Detención: noviembre 12, en Culiacán, Sinaloa. Preso: Puente Grande, Jalisco. Cargos: delitos contra la salud, portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Rafael Guadalupe Félix Núñez El Changuito Ántrax Los Ántrax. Cartel de Sinaloa. Detención: noviembre 13, en Culiacán, Sinaloa. Estaba a bordo de un vehículo Nissan Sentra. Preso: penal de Aguaruto, Sinaloa. Cargos: delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. José María Chávez Magaña El Pony Líder de La Familia Michoacana en el Estado de México. Detención: julio 1, en Pénjamo, Guanajuato. Cargos: Se fugó del penal de Zitácuaro, Michoacán, en 2007, donde estaba preso por delitos contra la salud. Acusado de secuestro y extorsión. Rubén Oseguera González El Menchito o El Junior Líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Detención: enero 30, en Zapopan, Jalisco. Preso: Penal del Altiplano, Estado de México. Cargos: arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, lavado de dinero y contra la salud. Leonor Nava Romero El Tigre, 45 años. Líder del cártel de Los Rojos. Detención: mayo, en Tecpan de Galeana, Guerrero. Viajaba en una camioneta. Preso: Penal del Altiplano, en el Estado de México. Cargos: delincuencia organizada, cohecho, delitos contra la salud, uso de documentos falsos y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. María Nava Romero La Doña Líder del cártel de Los Rojos. Detención: marzo 5, en Santiago de Querétaro, Querétaro. Cargos: delincuencia organizada. Fernando Martínez Magaña El Z16 Cártel de Los Zetas. Jefe de la plaza de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Detención: mayo 14, Monterrey, Nuevo León. Preso: Penal de Puente Grande, Jalisco. Cargos: delincuencia organizada, contra la salud y portación de armas y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Juan Manuel Rodríguez García Juan Perros Líder del Cártel del Golfo. Detención: mayo 25, en San Pedro Garza García, Nuevo León. Preso: Penal del Altiplano, Estado de México. Cargos: delincuencia organizada con el fin de cometer ilícitos contra la salud, portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Juan Fernando Álvarez El Ferrari Jefe regional de Los Zetas en la zona centro de Tamaulipas. Detención: mayo 17, en Sabinas Hidalgo, Nuevo León. Iba a bordo de un autobús. Preso: Centro de Readaptación Social número 11 de máxima seguridad, en Hermosillo, Sonora. Cargos: delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Juan Manuel Rodríguez Rodríguez Jefe de Los Zetas. Detención: junio 17, en Reynosa, Tamaulipas. Cargos: homicidio, secuestro, extorsión, trasiego de drogas y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego. Ricardo Iván Santillán Trejo Jefe de Los Zetas en el municipio de Mante e Hidalgo. Detención: junio 15, en Mante, Tamaulipas. Cargos: homicidio, secuestro, extorsión, trasiego de drogas y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego. Luís Jiménez Tovar Cabeza de Marrano Jefe de Los Zetas en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Detención: julio 3, en León, Guanajuato. Cargos: secuestro y homicidio. Eleno Salazar Flores Pantera 6 Operador del Cártel del Golfo. Detención: julio 24, en Reynosa, Tamaulipas. Cargos: tráfico de personas, armas y drogas en el Cártel del Golfo. Muertos Nazario Moreno González El Chayo o El Más Loco, 44 años. Fundador de La Familia Michoacana y Líder de Los Caballeros Templarios. Murió: marzo 9, en Tumbiscatio, Michoacán. Fuerzas especiales de la Marina y Sedena ubicaron a Nazario. Le ordenaron entregarse; sin embargo, éste se rehusó y comenzó a disparar contra el personal castrense. Murió en la balacera. Enrique Plancarte Solís Kike, 44 años. Líder de Los Caballeros Templarios Murió: marzo 31, en Colón, Querétaro. Caminaba por la calle cuando se percató de la presencia de fuerzas federales e intentó ocultarse; cuando le marcaron el alto respondió con balazos. Los oficiales repelieron la agresión y lo hirieron. Murió cuando era trasladado a un hospital. Benjamín Mondragón Pereda El Benjamón Líder de Guerreros Unidos. Murió: octubre 14, en Jiutepec, Morelos. Se suicidó después de una balacera contra fuerzas federales, los disparos cesaron hasta que el criminal negoció con los agentes para que dejaran salir de la casa a su novia embarazada. Cuando ella se fue, él se disparó en la cabeza. Galdino Mellado Cruz El Z-9, 41 años. Segundo al mando y fundador de Los Zetas. Murió: mayo 9, en Reynosa, Tamaulipas. Fuerzas federales ubicaron el escondite del delincuente. Desde el interior del domicilio fueron lanzadas granadas y disparos con armas de grueso calibre. Sujetos armados llegaron en varias camionetas y atacaron a los federales. Después huyeron. Cuando los agentes entraron a la casa encontraron el cuerpo del integrante de Los Zetas. |
Ejecutan a tres en Acapulco; entre ellos un profesor Posted: 10 Jan 2015 03:48 PM PST Acapulco, Guerrero ─ Tres personas, entre ellos un profesor, fueron ejecutadas este sábado en Acapulco, informaron autoridades ministeriales del Estado de Guerrero. En menos de 24 horas van dos docentes privados de la vida, luego que las fuerzas federales iniciaron un operativo para resguardar las inmediaciones de las escuelas que se mantienen en paro desde noviembre por inseguridad, a las 10:00 horas, vecinos de la Calle Tlacoachistlahuaca. Justo atrás de una plaza comercial ubicada en Ciudad Renacimiento, reportaron disparos. "Por pasadito de verga, ja ja ja", decía un mensaje dejado al docente identificado como Marcos López Sánchez, quien presentaba al menos tres impactos de bala calibre .25 milímetros. Horas antes, un empleado de la Central de Abastos fue ejecutado frente a una frutería "Hermanos López"; en el lugar fueron contabilizados 11 casquillos calibre .9 y .38 milímetros. La persona fue identificada como Antonio Lázaro. En tanto, a la medianoche de hoy un hombre fue encontrado con impactos de bala al interior de un taxi colectivo en la Colonia Vista Alegre. |
Porque nunca se ha podido ganar la guerra contras el narco Posted: 10 Jan 2015 03:26 PM PST Sensacionalistas, del pánico sobre la seguridad nacional y por el gran número de muertos relacionados con el narcotráfico en la frontera México-Estados Unidos (más de 121,000 muertos. Desde la guerra declarada en 2006, aunque fuentes de EU la cifran en 150,000), está la historia escondida de los enredos de la política estadounidense en el hemisferio occidental. La historia es más profunda que la riesgosa "guerra" que inicio el presidente mexicano Felipe Calderón. Contra las organizaciones de narcotraficantes y que dio continuidad su sucesor el presidente Enrique Peña Nieto. La historia es también más honda que el lamento de muchos liberales y libertarios estadounidenses por los fracasos de las guerra contra el narcotráfico. Que Estados Unidos declaró desde principios de los años sesenta y que se volvió más agresiva con el pánico del "crack" durante los ochenta. Esta historia más profunda tiene que ver con los efectos imprevistos y de regreso (el blowback) que han tenido los intentos por contener el narcotráfico: la violencia y la amenaza a los intereses estadounidenses se han incrementado, y el centro del comercio se ha ido acercando a sus consumidores y al aparato prohibicionista de Estados Unidos pero de alguna manera en algunos estados ya se han aprobado leyes que permiten su consumo en este caso solo de la Marihuana las drogas mas potentes siguen siendo prohibidas y son estas las que dejan mas ganancias a los carteles de la droga mexicanos. Así como la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) con el terrorismo, la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y sus precursores desataron su propio infierno con una estrategia de militarización global antidrogas. La cocaína —alguna vez un comercio minúsculo, benigno y legal en un lugar recóndito de los Andes— se convirtió, bajo la creciente presión norteamericana, en comercio ilegal en los años cincuenta. Esto desencadenó el crecimiento espectacular de los cárteles colombianos de los años ochenta. Pongamos en perspectiva histórica la dimensión de este auge. Los suministros legales de cocaína a principios del siglo XX llegaron a su máximo de aproximadamente 10 toneladas (métricas) alrededor de 1900 y decayeron a menos de una tonelada en 1950. La cocaína que llegó de contrabando de los Andes a Estados Unidos volvió a sumar una tonelada en 1970, un año después de que Nixon le declarara la "guerra" al narcotráfico, y dos años antes de que se formara la burocracia expansiva trotamundos de la DEA. Para 1980, los refinadores y contrabandistas de cocaína, en aumento, enviaban alrededor de 100 toneladas hacia el norte, cifra que se multiplicó por 10 durante el boom de los años ochenta para alcanzar 1000 toneladas en 1990. Para mediados de los años noventa, la creciente presión estadounidense ahuyentó hacia el norte de México el tráfico rentable al mayoreo. Esto fue el preludio al actual enfrentamiento entre capos del narcotráfico y el Estado mexicano. La actual capacidad de coca ilícita, según los distintos datos de las Naciones Unidas y de Estados Unidos, es de entre 1000 y 1400 toneladas métricas, o más de cien veces la cifra del año 1900, el auge de la comercialización legal de la cocaína. Noventa por ciento de la cocaína estadounidense circula por la inextricable frontera entre México y Estados Unidos, manejada por grupos de narcotraficantes locales. A través de los años, los exportadores mexicanos de drogas se han diversificado con mariguana, metanfetaminas y heroína. Sin embargo, cerca de la mitad del uso recreacional de la cocaína se lleva a cabo en Estado Unidos, donde el desembolso por esta droga constituye la mitad de los 80 000 millones de dólares en ventas ilegales de drogas. Dado este incremento asombroso en el suministro de la droga, no sorprende que el precio de venta al público haya caído en picada desde los años setenta. El objetivo de la DEA era el contrario: hacer que los precios de las drogas aumentaran para que ya no estuvieran al alcance de los adictos como de los consumidores ocasionales. EL AUGE Y LA CAÍDA DE LA COCAÍNA LEGAL: 1885-1947 El boom de cocaína de la región andina a finales del siglo XX en realidad se fundó en los restos de la economía legal caduca de la cocaína, la cual legó las técnicas y redes regionales al naciente comercio ilícito. La producción de cocaína, principalmente para analgésicos y otros usos medicinales, atravesó por dos fases. Primero despegó entre 1885 y 1910, estimulada por compañías farmacéuticas alemanas, consumidores y autoridades estadounidenses y por las élites médicas y regionales peruanas. La segunda fase, la disminución considerable de la mercancía de 1910 a finales de los años cuarenta, que se debió a plantaciones rivales coloniales en Java holandesa y en Formosa japonesa, disminuyendo el uso medicinal de la cocaína y el impacto original de la campaña norteamericana y de la Sociedad de Naciones para prohibir la cocaína calificándola de "narcótico". En un giro inesperado, después de 1905 Estados Unidos —quien en el inicio impulsó fervientemente la droga— se convirtió en el enemigo global de la cocaína después del pánico nacional sobre el uso popular y los abusos de las compañías farmacéuticas. Sin tener intereses coloniales formales, las primeras autoridades antidrogas estadounidenses se convirtieron en defensores de la erradicación de las drogas desde sus orígenes. Sin embargo, hasta la década de 1940, a pesar de su creciente influencia informal en la región andina, Estados Unidos no pudo coaccionar ni convencer de los males de la cocaína a las naciones productoras. La industria en Perú, basada en la tecnología local para hacer sulfatos de cocaína con hoja de coca de cultivo indígena (cocaína cruda, un antecedente de la actual pasta básica de cocaína o PBC), disminuyó y se centralizó en una región andina centro-oriental: la provincia de Huánuco, ligada a los campos de coca del Amazonas del Valle del Alto Huallaga. Esta cultura precursora de drogas dejó tres legados principales. Primero, la cocaína legal era principalmente un comercio apacible, salvo por algunos caudillos locales que vivían del comercio y reclutamientos laborales de "enganche" en las plantaciones de coca fronterizas en la Ceja Andina. Segundo, economías legales de cocaína como la del Perú no generaron, ni durante su auge ni su caída, redes de contrabando transfronterizas (aun cuando ya se conocían los placeres recreativos de la "coca" y la existencia de bandas de robos de farmácos en Estados Unidos y en Europa). Un mundo multipolar de cocaína prevaleció entre 1910 y 1945, cuando algunas naciones como Estados Unidos lograron prohibir el uso no medicinal de la cocaína, y otros como Perú y Holanda abiertamente fabricaban y toleraban la droga. Esta diversidad de regímenes no generó incentivos en los precios del mercado negro ni causó una competencia violenta. Tercero, el comercio caduco y anticuado de la cocaína sobrevivió como la base de la vida en la región apartada de Huánuco, e hizo que para finales de la Segunda Guerra Mundial se convirtiera en el último baluarte mundial de producción tradicional de cocaína. NACE LA COCAÍNA ILEGAL, 1947-1973 Después de la guerra, Estados Unidos emergió como la indiscutible potencia en asuntos mundiales relacionados con las drogas, con su visión erradicacionista ampliada por medio de las nuevas agencias antidrogas de las Naciones Unidas como la Comisión de Drogas Narcóticas (CND, por sus siglas en inglés). En combinación con regímenes obedientes, alineados del lado estadounidense durante la Guerra Fría, el Buró Federal de Narcóticos (FBN, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Estado finalmente pudieron realizar su antigua meta de criminalizar la cocaína (y en papel, hasta la hoja andina de coca): en Perú en 1948 y en Bolivia en 1961, después de su caótica revolución de 1952. La consecuencia inmediata de la criminalización total de la cocaína —acompañada en 1947 de una campaña secreta en el extranjero por parte del FBN en contra de la cocaína andina— fue el nacimiento, la difusión y el crecimiento de un circuito ilícito de producción de cocaína. Geográficamente, la cocaína ilegal era un movimiento popular, descentralizado y fluido de "químicos" modestos, contrabandistas y dueños de centros nocturnos que surgieron de mundos sociales diversos, incluyendo refugiados y emigrados culturales. Ellos se unieron para establecer nuevos ámbitos de distribución de drogas y estaciones de paso en toda Sudamérica y el Caribe. El tráfico de cocaína no fue producto de redes internacionales de una mafia ni de cárteles criminales. A principios de los años sesenta, un nuevo grupo de campesinos productores de coca se unió a estos contrabandistas cada vez más astutos y experimentados. Campesinos de las tierras altas, marginados durante la "década de desarrollo" de los años sesenta patrocinada por Estados Unidos, empezaron a emigrar en masa hacia las tierras bajas de Bolivia y la parte occidental de Perú, atraídos por el espejismo de los proyectos amazónicos de desarrollo. La unión de los contrabandistas con una base de suministro fijo entre los campesinos andinos causó la erupción descontrolada de la cocaína en las décadas siguientes. Al revisar los archivos de la policía, aparecen patrones más amplios y muchos de ellos apuntan a una influencia de la Guerra Fría. La droga ilícita nació en la región Huánuco-Alto Huallaga del oriente de Perú, cuando de 1948-1949 el régimen militar pro estadounidense del general Manuel Odría tomó medidas enérgicas en contra de las últimas fábricas legales del país, encarcelando a varios manufactureros (a quienes calificó de subversivos de izquierda) y mandando a otros por conductos clandestinos. La técnica que pasó a manos ilícitas era la tradicional "cocaína cruda" de la jungla peruana, que los campesinos contratados podían adoptar fácil y económicamente con químicos de desarrollo como el queroseno y cemento con cal. Para los años cincuenta los contrabandistas llevaban PBC andino a refinadores de polvo de cocaína (HC1) por dos rutas principales de transbordo: un traslado caribeño vía La Habana (un centro de mafiosos latinoamericanos atraídos por regímenes corruptos y dólares hedonistas), y por el norte de Chile, donde los clanes de comerciantes de origen árabe de Valparaíso movían la coca por la costa occidental vía escondites, y con aliados panameños y mexicanos. Mientras tanto, la represión estricta de la cocaína en Perú, apoyada por Estados Unidos, y la falta de autoridad e influencia estadounidense en la Bolivia revolucionaria significó que la producción clandestina de PBC se extendiera rápidamente a Bolivia, que se convirtió en el principal sitio de incubación de la cocaína ilegal durante los años cincuenta con docenas de pequeños "laboratorios" desperdigados por todo el territorio. A principios de los años sesenta, la cocaína se encontraba en todo el hemisferio. Había esferas prósperas de consumidores y contrabando por todo Argentina y Brasil e incipientes consumidores (todavía latinos o afroamericanos, principalmente) en ciudades de Estados Unidos como Nueva York y Miami. Dos hitos de la Guerra Fría aceleraron el ascenso de la cocaína. Primero, la revolución social de Fidel Castro en 1959 expulsó de La Habana a la naciente clase de traficantes de cocaína, quienes llevaron sus habilidades y contactos a Sudamérica, México y en ciertos casos hasta a Miami y a Nueva Jersey. Estos exiliados de derecha, no Castro, como alegaban en pleno fervor anticomunista de la época, formaron la primera red internacional de narcotraficantes profesionales. Segundo, los esfuerzos de Estados Unidos para recobrar autoridad sobre la revolución de izquierda del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en Bolivia llevó en 1961 a una campaña antinarcóticos en conjunto con ese país (y a un cambio militarizado conservador en 1964) que causó la emigración de miles de campesinos y traficantes a las regiones cocaleras inaccesibles y fronterizas de Chapare, Santa Cruz y Beni, en las tierras bajas de Bolivia. Mil novecientos sesenta y uno también fue el año de la Convención Única de Estupefacientes de Naciones Unidas que codificó internacionalmente por primera vez la visión erradicacionista de Estados Unidos sobre la coca andina. Entretanto, las autoridades antidrogas de Estados Unidos, que estaban alarmados por su incapacidad de detener la nueva droga, organizaron numerosas cumbres secretas en Latinoamérica (1961-1964) junto con misiones de Naciones Unidas y redadas de Interpol. Estas medidas represivas contribuyeron al esparcimiento de los grupos habituales de traficantes y contrabandistas. Sin embargo, para finales de los años sesenta el incremento de regímenes "autoritarios burocráticos" respaldados por Estados Unidos en países como Brasil y Argentina hizo que las rutas de larga distancia de la cocaína pasaran por Chile: la única democracia vigorosa del continente, donde el desmantelamiento de los clanes originales de drogas en el norte en los años cincuenta provocó un comercio competitivo de exportación, ligado a un suministro más dinámico de pasta de coca boliviana y una vez más, peruana. Para 1970, las autoridades antidrogas norteamericanas estaban extremadamente alarmadas por el ascenso de esta nueva cadena del producto ilícito, todavía fuera del alcance del público. En realidad las dos décadas de esfuerzos desesperados por contenerla habían causado su proliferación. En retrospectiva, hay dos aspectos de la cultura de la cocaína en los años sesenta que deberían de haberlos tranquilizado. Primero, el comercio se llevaba a cabo sin violencia: la red que traficaba cocaína era pacífica, parecida a muchas formas tradicionales de contrabando en las fronteras latinoamericanas. Los chilenos y los cubanos no se mataban entre sí en las calles disputando territorios ni partes del negocio. Segundo, ese comercio estaba geográficamente contenido en lugares muy remotos de Sudamérica: en terrenos deforestados en el oriente de Perú y en Bolivia, y en su mayor parte sacado por contrabando desde la antípoda Chile. Dejando de lado el blowback de la intromisión estadounidense, la cocaína era un asunto casero en Sudamérica. EL ASCENSO Y LA CAÍDA DE LOS CÁRTELES COLOMBIANOS, 1973-1995 Antes de los años setenta, Colombia no participaba sistemáticamente en el comercio sudamericano de la cocaína, aunque contaba con empresarios astutos, contrabando regional, crecientes exportaciones "marimberas" de mariguana desde la costa norte caribeña, y con un legado terrorífico de violencia cotidiana en los años cincuenta. Con la llegada tardía de los colombianos durante la era de Richard Nixon (1969-1974), la cocaína adquirió una dimensión política hasta entonces desconocida. Dos eventos de la Guerra Fría propulsaron la cocaína hacia el norte. El primero, consecuencia de la vigorizada política exterior anticomunista de Nixon-Kissinger, fue el golpe militar en Chile de Augusto Pinochet en septiembre de 1973. Además de desmantelar la democracia chilena, Pinochet, para congraciarse con Nixon y su recientemente formada DEA, lanzó a finales de 1973 una campaña draconiana en contra de los principales traficantes chilenos de cocaína, a quienes encarceló o expulsó con rapidez del país. El impacto —en 1970 los colombianos de bajo rango eran "mulas" de los grupos chilenos— fue un cambio rápido de la ruta de la pasta de coca campesina de Huallaga y de las tierras bajas de Bolivia hacia el norte, pasando por el pueblo fronterizo amazónico de Leticia y luego hacia el centro de Colombia. Contrabandistas pioneros en Medellín como Pablo Escobar y los hermanos Ochoa reestructuraron el comercio y expandieron de forma espectacular su escala y alcance. El segundo evento fue la declaración de Nixon en 1969, por razones políticas, de la "guerra" en contra de las drogas, principalmente en contra de la benigna mariguana (el "opio" de los alumnos antiguerra y de la cultura juvenil) y de la heroína (un verdadero opio temido por los veteranos de la guerra de Vietnam y el chivo expiatorio de la ola de crímenes de "negros" en las ciudades estadounidenses en decadencia) . Las disposiciones enérgicas tomadas con respecto a estas drogas —los recorridos aéreos de la Operación Intercepción, el bloqueo de la frontera mexicana y las medidas en contra la red del tráfico de heroína llamada la Conexión francesa— crearon una apertura perfecta del mercado a la cocaína andina, introduciéndose en la cultura estadounidense de principios de los setenta como una "droga blanda" glamurosa y costosa. Era más fácil, seguro y rentable traficar cocaína, por lo que los proveedores de mota de Colombia, Miami y México cambiaron rápidamente de producto. Se ha hablado mucho de los cárteles colombianos —término equivocado para estos robustos negocios regionales de familia—, pero se sabe poco sobre su nacimiento. Una vez propulsada a Colombia, la cocaína prosperó en lugares como Medellín. No es casualidad que fuera el epicentro empresarial nacional en decadencia. Empresarios como Escobar, Ochoa y Carlos Lehder se aprovecharon de las rutas de transporte al mayoreo por las islas caribeñas, de los trabajadores colombianos desperdigados en lugares como Miami y Queens, y de la falta de atención de la DEA en los años setenta (la cocaína aún era considerada una droga blanda de los ricos). Para 1975, el comercio se había expandido a cuatro toneladas, y para 1980 los colombianos estaban moviendo 100 toneladas de cocaína a Estados Unidos, disminuyendo los precios. Las exportaciones se concentraban en tres principales grupos regionales: Medellín, Central (Bogotá) y Cali (del Valle). Esta última era una nueva ciudad en expansión, convenientemente cerca al puerto de Buenaventura en el Pacífico, donde operaban clanes como el de Rodríguez Orejuela y el de Herrera. Sin embargo, hasta principios de los años noventa, Medellín, bajo el liderazgo carismático de Escobar, manejaba alrededor de 80% del comercio, más de la mitad proveniente de pasta de coca producida en Huallaga en el oriente de Perú, y lo demás de Bolivia. Para mediados de los años ochenta había cerca de 22 millones de consumidores de cocaína en Estados Unidos. Precios a la baja y mercados de descuentos racialmente etiquetados (como el "crack" afroamericano), así como la creciente violencia relacionada con la droga hicieron que la cocaína se convirtiera en el peor mal según los guerreros antidrogas estadounidenses, la prensa y el público. Propagada por los republicanos Reagan y Bush, la histeria de la cocaína llevó a la drástica militarización de la campaña en el extranjero en contra de la planta de coca. Era difícil encontrar aliados confiables entre los regímenes tolerantes de la droga de Perú, Colombia y Bolivia durante el narcorégimen corrupto de García Meza. La escalada de los esfuerzos hemisféricos en Perú (ayuda militar directa y una base militar armada en la Huallaga), Bolivia (Operación Blast Furnace y fuerzas UMOPAR antidrogas entrenadas por Estados Unidos), Colombia (un pacto forzado de extradición para fines de los ochenta) y Panamá (la invasión en 1989 para derrocar a Manuel Noriega, ex aliado de Estados Unidos) no pudieron detener a la cocaína. Todo lo contrario. La presión norteamericana provocó, por una parte, la mejora en las habilidades comerciales de los narcotraficantes y en su capacidad para ocultarse, por la otra, la duplicación de la coca amazónica entre 1982 y 1986 (cosechas aseguradas contra tierras capturadas) y, también, la baja del precio al mayoreo de la droga, de 60 000 a 15 000 dólares el kilo (registrado en el sur de Florida) a lo largo de la década. La competencia y los intereses monetarios aumentaron a millones de dólares por cargamento y los colombianos recurrieron a la violencia estratégica, en contraste con el anterior comercio pacífico de la cocaína. Los colombianos desplegaron sicarios en Estados Unidos en contra de los restantes distribuidores cubanos. Para principios de los ochenta, la ciudad de Miami estaba abrumada por guerras entre pandillas donde los "vaqueros de la cocaína" de la era de Miami Vice luchaban por controlar un pedazo del territorio. En Colombia, la violencia seguía siendo principalmente un arma defensiva contra policías e informantes, aunque los sobornos eran una práctica bastante efectiva. Los traficantes, como cualquier clase empresarial creciente, intentaron primero conseguir una mayor legitimidad social: se postularon para gobernantes (Escobar fue brevemente senador del Partido Liberal), financiaban a candidatos, ofrecían treguas estratégicas y apoyo fiscal al Estado y proporcionaban servicios locales y organizaciones benéficas. Pero la mezcla de la presión por parte de Estados Unidos y la ansiedad colombiana con respecto a las "infiltraciones" del narco en el gobierno llevaron a un rompimiento de este equilibrio a mediados de los años ochenta. Después de 1984, la impunidad relativa de los narcotraficantes disminuyó (empezando con la expulsión por parte del ministro de Justicia, Lara Bonilla, del políticamente ambicioso Escobar), y los traficantes respondieron con una descarga de ataques simbólicos y puntuales en contra del Estado colombiano: bombardeos terroristas, secuestros, asesinatos de jueces, candidatos nacionales y periodistas, incluyendo el asesinato del mismo Lara Bonilla. Colombia, de por sí inundada de violencia política (incluyendo una ola doméstica de guerrillas y paramilitares), se convirtió en la capital mundial de homicidios. Entre 1980 y 1990, Medellín sufrió un enorme incremento de asesinatos, de 730 a 5300 por año, anticipando la suerte actual de Ciudad Juárez. Escobar movilizó a su ejército de asesinos contra todo enemigo, hasta llegar a una guerra abierta entre el cártel de Medellín y el gobierno después de 1987, cuando Estados Unidos lanzó con Colombia una política de extradición judicial de los "peces gordos". Esta ofensiva "Barco-Bush" señalaba la falta de confianza en el desarrollo de las instituciones colombianas y desalentó las iniciativas nacionales serias para llegar a una solución de acuerdos políticos con los narcotraficantes. Se registraron algunas victorias simbólicas, pero fueron los colombianos, y no los estadounidenses, quienes pagaron el alto precio en sangre y en un deterioro de los derechos humanos, incluyendo a finales de 1993 la dramática cacería humana y el asesinato del personaje fugitivo Escobar. Si actualmente sirve de lección para México, la guerra de principios de los noventa en contra de Medellín y de los demás cárteles en realidad no "funcionó". Su principal logro fue que el centro de gravedad de la cocaína se desplazara de esa ciudad sitiada hacia la de sus rivales en Cali. Varios observadores de esa época interpretaron la campaña como un acuerdo tácito entre el Estado colombiano y los traficantes más discretos y cooperativos en contra de personajes imprevisibles como Escobar. El criminólogo Michael Kenney hábilmente ilustró que la intervención estadounidense y la represión relacionada con las drogas en Colombia durante los años noventa llevaron en última instancia al desarrollo de organizaciones de narcotraficantes mucho más eficientes. Colombia ahora alberga a más de 600 redes de exportación de drogas bien camuflajeadas, a los llamados cartelitos "boutique", que se han diversificado con estrategias globales de exportación (a Brasil y a Europa), con drogas complementarias (heroína en los años noventa y más recientemente fármacos adulterados) y tecnologías mejoradas (contrainteligencia de alta tecnología, coca genéticamente alterada, submarinos escondidos). Otras dos medidas represivas de la guerra antidrogas cambiaron la geografía de la cocaína. Primero, a principios y mediados de los años ochenta, alarmados por la intensidad del narcotráfico, el lavado de dinero y la violencia ligada a las pandillas en el condado de Dade —el punto principal de entrada de la cocaína colombiana— la DEA y los agentes federales concentraron sus esfuerzos para interceptar droga en las costas del sur de Florida. La Fuerza de Tarea Conjunta de Florida, de tipo militar, y ofensivas como "Operación Pez Espada" integraron a más de 2000 agentes liderados por el vicepresidente George H.W. Bush. Para finales de los años ochenta, los colombianos estaban activamente retirándose del corredor Caribe-Florida. La redada de 1992 que llevó a la captura del traficante Harold Ackerman y a la exposición de la red que controlaba fue la gota que derramó el vaso para los exportadores de Cali, quienes ya usaban puntos de embarque alternativos vía Panamá, Centroamérica y el norte de México, agenciados por el hondureño Juan Matta Ballesteros. Drogas residuales del Caribe fluyeron por Haití, el "Estado fallido" más cercano a las fronteras estadounidenses (más aún después de la intervención en contra de Aristide), manejadas por su codiciosa casta militar de la era Duvalier. En general, las incursiones en los ochenta en contra de la cocaína colombiana en Florida generaron un poderoso empujón blowback a los nacientes narcotraficantes mexicanos. El desplazamiento de la cocaína a Colombia fue otro cambio estructural de finales de los noventa. La presión estadounidense y los regímenes de derecha lograron por último reducciones visibles de la coca ilícita andina. En Perú, el régimen autoritario Fujimori-Montesinos, alarmado por el lucrativo baluarte Huallaga que estaba bajo el control de Sendero Luminoso, adoptó políticas militares de supresión, incluyendo el corte del puente aéreo de la cocaína hacia el norte. En Bolivia, el Plan Dignidad patrocinado por Estados Unidos, finalmente terminó con las exportaciones de pasta de coca, dejando, sin embargo, a su paso el movimiento militante campesino de la coca, que propulsaría, como blowback político, al cocalero nacionalista Evo Morales a la presidencia en 2005. Estas victorias temporales simplemente movieron la cosecha de la coca a Colombia, un país con poca tradición cocalera indígena, concentrando de forma masiva la industria vertical-integrada agrícola de la cocaína para finales de los años noventa. La cocaína había dado otro paso enorme hacia el norte. El desenlace de estos cambios en la cocaína fue el Plan Colombia de 1999, establecido en el último año de gobierno del demócrata Bill Clinton, y luego adoptado en Bogotá como alianza estratégica de facto por el presidente conservador Álvaro Uribe. Han habido muchos debates acerca del Plan Colombia —el costo en derechos humanos incluye a casi cuatro millones de desplazados internos, versus las ganancias aparentes en contra del crimen urbano y las viejos movimientos insurgentes de izquierda—. Pero un resultado es bastante claro: como política antidrogas ha fallado por completo en su intento por detener el comercio de la cocaína que sigue prosperando en los Andes. Vendido de manera costosa y con el objetivo de eliminar la cocaína ilícita, el Plan Colombia se considera ahora en Washington un programa exitoso de "seguridad" o de desarrollo de nación, precursor y modelo para la guerra contra el narcotráfico en México. MÉXICO APROVECHA LAS OPORTUNIDADES, 1985-2014 Desde mediados de los noventa, el lugar más caliente y rentable del viaje de la cocaína hacia Estados Unidos ha serpenteado miles de kilómetros hacia el norte hasta llegar a la zona fronteriza entre Estados Unidos y México —hasta el mercado estadounidense y sus instituciones antidrogas—. Desde 2007, la ofensiva respaldada por Estados Unidos del presidente mexicano Felipe Calderón en contra del narcotráfico ha provocado una explosión de violencia con la intensidad de una guerra civil los años mas violentos fueron 2008 a 2011. Los mismos guerreros antidrogas de Washington, cuyas políticas del pasado contribuyeron al violento desplazamiento hacia el norte de la cocaína, tienen pánico por la desestabilización de su frontera. Desde principios del siglo XX, ciudades fronterizas como Tijuana, Nogales y Juárez vieron el contrabando de fármacos patentados ilegales (incluyendo cocaína), alcohol prohibido antes de la Segunda Guerra Mundial, opiáceos caseros y luego mariguana entre los años cuarenta y sesenta. Para la década de los setenta, en la prehistoria de las organizaciones de narcotraficantes mexicanas, la ciudad de Culiacán, Sinaloa, emergió como la capital del comercio mexicano de drogas, pues estaba inmersa en una fuerte cultura regional de bandidos y contrabando a la que se le vinieron a sumar los nuevos cultivos fronterizos de droga y el tráfico casual hippie. En la actualidad, la mayoría de los narcotraficantes mexicanos siguen saliendo de las clases bajas del norte, aunque muchas veces alineados y profesionalizados con empresarios locales y políticos cultivados durante décadas de gobierno priista . La dispersión de las mafias de narcotraficantes de Cuba a principios de los sesenta trajo la primera ola importante de coca a México. Para mediados de los setenta (después del bloqueo de la "Operación Intercepción" de Nixon, en 1969-1970, de la mariguana y amapola mexicana), la cocaína encontró un camino ordenado por México, junto con la multitud de drogas que siempre han cruzado y seguirán cruzando México por tierra y por mar. Sin embargo, a mediados de los ochenta, la organización de Herrera en Cali aumentó el envío de cocaína a Culiacán y Mazatlán. Según cifras del Departamento de Estado, para 1989 la tercera parte de la cocaína para el mercado estadounidense entraba por México; para 1992, esa cifra alcanzó 50%, y para finales de los noventa era de 75 a 85 por ciento. A mediados de los noventa, los ingresos generados por exportación de droga en México, debido principalmente a este repentino aumento de cocaína, se reportaban entre 10 000 millones de dólares (según cifras oficiales estadounidenses) y 30 000 millones de dólares (cifras mexicanas). De cualquier forma excedía los ingresos del mayor producto mexicano de exportación, el petróleo (7.4 mil millones de dólares). Este cambio fue un efecto blowback de la presión estadounidense sobre el cártel de Medellín en los ochenta así como de la prohibición de los corredores aéreos y marítimos de narcotráfico en Florida. El poder pasó a Cali, que tenía sus redes diversificadas en el Pacífico. La cocaína pasaba por Centroamerica, destrozada por las complicadas guerras civiles (tenía aliados y refugios entre múltiples personajes como los "contras" nicaragüenses apoyados por la CIA). Los colombianos se asociaron con traficantes mexicanos especializados en cruzar mercancía por la frontera, primero pagando una simple comisión de 1000 a 2000 dólares por kilo. Pero algunos mexicanos, empezando por el sinaloense Miguel Ángel Félix Gallardo, quisieron diversificarse y rápidamente les ganaron el poder a los colombianos, exigiendo más bien la mitad de la tajada en especie. Al comercializar ellos mismos la cocaína sus ganancias se multiplicaron de cinco a 10 veces y se desarrollaron redes de narcomenudistas entre las pandillas mexicanas en Estados Unidos. Los traficantes sinaloenses se dispersaron en el territorio mexicano, en parte como consecuencia de su exposición tras el "caso Camarena" en 1985 (el agente secreto estadounidense asesinado en medio de intrigas entre oficiales y narcotraficantes), dividiéndose en una serie de "cárteles" regionales. La DEA calculó que el flujo de ingresos del ahora autónomo cártel de Sinaloa en los años noventa superó por mucho el boom previo del de Medellín. Los narcotraficantes mexicanos, después del año 2000, dieron un paso más al empezar a comprarles directamente a los productores campesinos del otro lado de la frontera en zonas retiradas como Huallaga en Perú, superando la conexión original colombiana, un factor en la reciente revitalización del comercio de la coca en Perú. Otras fuerzas contribuyeron al ascenso de la cocaína: la crisis económica de la "década perdida" de los ochenta en México, la agonía política (1988-2000) del Estado autoritario priista, la transformación social de ciudades fronterizas como Juárez y Tijuana en urbes descontroladas repletas de miseria y el boom del comercio en la frontera con Estados Unidos antes y después del Tratado de Libre Comercio (TLC) en 1994. Los mexicanos también adoptaron el comercio de metanfetaminas que llegó de Estados Unidos, y en los últimos años ha habido una reactivación de producción de mariguana para satisfacer la demanda en California. Las grandes ganancias de la cocaína causaron un cambio geográfico en las organizaciones de narcotraficantes mexicanas que proliferaban en el norte. La droga pasó de Sinaloa, donde operaban los pioneros Pedro Avilés Pérez y Félix Gallardo, a bases en el norte, en Tijuana, Juárez, Matamoros, Reynosa, y a lugares de paso en toda la República Mexicana. Así como sucedió en Colombia, los operativos antidrogas a partir de los años setenta fortalecieron estas organizaciones, ya que eliminaban a los traficantes más débiles y menos eficientes y favorecían a las estructuras verticales protectoras (aunque éstas son demasiado flexibles, innovadoras y basadas en el mercado para ser denominadas "cárteles"). Una transición clave ocurrió a mediados de los ochenta cuando Pablo Acosta (quien murió en 1986) estableció un centro de embarque de cocaína al mayoreo en Ojinaga, Chihuahua (cerca de los cruces fronterizos por río de El Paso) que aprovechó aviones de cargamento para transportar el producto desde Colombia. Su sobrino, Amado Carrillo Fuentes, se ganó su apodo El Señor de los Cielos por dominar las rutas aéreas y se convirtió en el narcotraficante más rico y famoso de México en los años noventa. Este negocio se fusionó con el cártel de Juárez, un grupo formado por el magnate de bienes raíces Rafael Muñoz Talavera con la ayuda del comandante local de la Policía Federal. Carrillo Fuentes forjó lazos con el régimen de Salinas (1988-1994), llevando así al cártel de Juárez a su época dorada de mediados de los noventa, hasta su misteriosa muerte durante una cirugía plástica en 1997. Para mediados de los noventa, Juárez sobrepasó a Sinaloa para convertirse en la plataforma líder mundial de reexportación de drogas. Así como Cali en Colombia, los intereses de Juárez explotaron la campaña posterior a 1985 en contra de los sinaloenses. Félix Gallardo dispersó a sus hombres en todo el territorio noroccidental mexicano, hasta que fue encarcelado por Salinas en 1989. A partir de ese momento, las organizaciones rivales se desarrollaron con socios regionales que expandieron o se separaron de sus antepasados sinaloenses, como los hermanos Arellano-Félix de Tijuana. Otras agrupaciones incluían al cártel de Matamoros, o del Golfo, organizado por Juan N. Guerra y espectacularmente expandido por Juan García Ábrego durante la era de Salinas. Tras la captura de García Ábrego, y su extradición a Estados Unidos por el nuevo presidente Ernesto Zedillo —un mensaje político contundente— las fortunas del cártel del Golfo se incrementaron ya que el gobierno mexicano se enfocaba ahora en Juárez. La muerte de Carrillo Fuentes de Juárez y la militarización de Zedillo de los conflictos relacionados con el narcotráfico a finales de los años noventa permitieron que el innovador Osiel Cárdenas, del cártel del Golfo, reclutara a los Zetas, antiguos miembros de la unidad antidrogas del ejército, originalmente entrenados en la Escuela de las Américas de Estados Unidos. Un caso contundente de blowback, los despiadados y ahora tristemente célebres Zetas crecieron con las fuerzas del Golfo y se separaron para formar su propio grupo en toda la República Mexicana después de 2003. Para los años noventa, los espectaculares miles de millones de dólares obtenidos de la cocaína y las necesidades riesgosas de su comercialización, venían a evidenciar y minar la tradicional colusión del Estado mexicano con los comerciantes locales de drogas. Después de la Revolución Mexicana, los grupos de contrabando ganaron cierto grado de complicidad con los jefes políticos, la policía local y el ejército del norte. Cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ascendió como máquina política autoritaria nacional para principios de los años cuarenta, estos arreglos, aunque a veces inestables, servían para mantener el comercio fronterizo y los flujos ilícitos financieros a niveles aceptables y con un mínimo de violencia y competencia —un equilibrio de Estado que se echa de menos desde finales de los años ochenta—. El asalto de la "Operación Cóndor" a las zonas productoras de mariguana y opio en Sinaloa, Chihuahua y Durango a finales de los setenta, asistido por Estados Unidos (junto con el revelador secuestro del agente de la DEA Kiki Camarena en 1985) marcaron la desarticulación del pacto tradicional entre el Estado y los traficantes de Sinaloa. Estados Unidos hizo un reajuste de su apoyo al régimen autoritario de México que se encontraba en problemas después de las dudosas elecciones de 1988, condicionando este apoyo al combate contra el narcotráfico y la liberalización comercial. El régimen de Carlos Salinas de Gortari marcó dos momentos decisivos en las políticas antidrogas. Por un lado Salinas, tratando de restaurar la imagen de México en Estados Unidos en medio de las negociaciones del TLC, adoptó por primera vez un importante papel nacional en la guerra contra las drogas dirigida desde Estados Unidos. Entre 1992 y 1993, con asistencia estadounidense, se modernizaron las instituciones de patrullaje basándose en el modelo interagencia de la DEA. Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) recibió fondos considerables para combatir el narcotráfico. El enfoque también cambió del lado estadounidense de la frontera, militarizada y denominada "región de alta intensidad de narcotráfico" durante la Iniciativa Frontera Sudoeste de los años noventa. Por otra parte, cualquier intento de controlar o restringir el narcotráfico fue cuestionado por el fuerte involucramiento de los funcionarios nombrados por Salinas (y miembros de su familia como Raúl Salinas) en los florecientes comercios de drogas, así como por los asesinatos de políticos de alto rango ligados a las drogas. La prohibición de la cocaína multiplicó las oportunidades de corrupción. Según un estudio, los sobornos relacionados con el narcotráfico se elevaron de entre 1.5 y 3.2 millones de dólares en 1983 a 460 millones de dólares en 1993, cifra superior al presupuesto de la Procuraduría General, y miles de agentes federales empezaron a facilitar el comercio de drogas. La desestabilización provocada por las drogas, en México, se volvió del dominio público durante el sexenio de Zedillo después de 1994, cuando el nuevo presidente, contrario a las normas, abiertamente condenó la corrupción de su predecesor, para liberar al nuevo régimen priista de cualquier asociación con el caos político-económico heredado en la transición de 1994. El punto crítico de esta exposición estatal, en 1997, fue la vergonzosa revelación internacional (mientras inteligencia, entrenamiento y fondos estadounidenses penetraban la guerra antidrogas mexicana) sobre el jefe militar de la "DEA mexicana", el General Gutiérrez Rebollo, que estaba coludido con el cártel de Juárez; un incidente que se utilizó en la película hollywoodense Traffic. La larga guerra estadounidense contra la cocaína, que había comenzado en los años cuarenta, había llegado para quedarse. ¿Y AHORA QUÉ? Así como el general Odría en Perú en 1948, Pinochet a finales de 1973 en Chile y el presidente Barco en Colombia a finales de los ochenta, y la guerra del presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico 2006-2012 hasta el fin de su régimen y el regreso del PRI con el ahora presidente Enrique Peña Nieto que da continuidad a la guerra sin poder disminuir las muertes violentas puede favorecer los objetivos de Estados Unidos a corto plazo, pero es inevitable que a la larga desencadene problemas mayores y más duraderos. Calderón, quien empezó su mandato en 2006 con unos pocos de miles de votos de diferencia, disputados por el candidato carismático de izquierda, era como George W. Bush en 2000: un líder en busca de una misión. En 2000 el PAN, su partido, había roto con el monopolio del PRI. Tenía una mayor autonomía con respecto a los narcotraficantes que el saliente PRI, aunque pronto se empantanó en sus propias políticas antidrogas. Calderón obtuvo apoyo con la Iniciativa Mérida de octubre de 2007, un pacto de seguridad regional modelado en el Plan Colombia, obsequio que le dejó el saliente Bush a un sorprendentemente obsecuente Barack Obama. Destinó 830 millones de dólares a México sólo en 2009, convirtiéndolo en el programa de ayuda extranjera más grande del mundo. Calderón terminó por militarizar este conflicto, mandando miles de tropas y policías federales a centros del narcotráfico, convirtiendo a Ciudad Juárez, entre otras cosas, en una ocupación militar que mas tarde le seguirían estados como Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero. El resultado ha sido la muy publicitada violencia masiva, la violación de derechos humanos y el aterrador caos en el norte. Oficiales de la DEA, ansiosos por tener señales de una "victoria", ven a México como una repetición del "éxito" que tuvo Colombia desmantelando sus cárteles a finales de los años ochenta, pero ignoran las formas en las que esa presión ayudó a mejorar las estrategias de los exportadores colombianos y fomentó en las siguientes décadas el proceso tenso y sangriento que transformó la frontera de Estados Unidos y México, en palabras de Howard Campbell, en una "zona permanente de guerra del narcotráfico". Otros Estados más débiles como Guatemala y Honduras están preparados para absorber cualquier tráfico de cocaína que México desvíe. Hasta ahora, a pesar del pánico, la violencia mexicana se ha desbordado poco, lo cual significa que los mexicanos, como lo hicieron los colombianos, se están muriendo por los "gringos". Una buena noticia en el movimiento de la cocaína hacia el norte y el incremento de violencia en cada uno de sus pasos, es que la crisis también se está desarrollando en una escena internacional rápidamente cambiante. En efecto, el último blowback es la objeción por parte de Latinoamérica. En 2008, una amplia coalición de líderes políticos Latinoamericanos (incluyendo ex presidentes de Colombia, México y Brasil) hicieron mordaces críticas públicas de la "guerra antidrogas" de Estados Unidos de los últimos 30 años, pidiendo un "cambio de paradigma", más atención a la salud pública, la reducción del daño y la activación de la sociedad civil. Algunas agencias de Naciones Unidas, que fracasaron en Colombia, están por primera vez cuestionando la fallida obsesión norteamericana por el control del suministro y la erradicación, y la crítica europea del Plan Colombia y de la Iniciativa Mérida está en ascenso. Se están cocinando cambios hemisféricos, desde las políticas nacionalistas desafiantes pro coca del presidente Evo Morales en Bolivia (donde la DEA se ha retirado oficialmente de la escena) hasta el experimento de la legalización de la posesión de drogas en lugares como Argentina, Brasil, México y la otrora provincia del norte de México, California e incluso en propio suelo Yanki donde ya hay 21 estados en los que se permite la marihuana medicinal y en otros mas para usos recreativos . Ya es hora de que el público y la élite política estadounidense presten atención a este cambio, así como al historial del efecto boomerang de la cocaína, que ha tenido su largo y volátil viaje hacia el norte. |
La Historia del único "Hombre" que conquisto el narco Posted: 10 Jan 2015 01:55 PM PST No tenía forma de terminar bien (o de encaminarse a un arreglo, porque esto no parece que vaya a terminar pronto). Tras haber iniciado de la peor manera, pero el último trabajo de Alfredo Castillo, el comisionado "para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán" (no me reclamen a mí, alguien más decidió otorgarle ese título; aunque, claro, siempre nos podemos referir a él como lo hace casi todo mundo. "El virrey"), ha resultado un desastre que cada semana se supera a sí mismo en términos de violencia, terror y cagadero institucional.Este señor se ha dedicado a aplicar angel face para disimular algunas de las pequeñas imperfecciones del gobierno de Peña Nieto. Desde que Quique era gobernador del Edomex. Él sustituyó a Alberto Bazbaz como procurador cuando salió después del ridículo que hizo con el caso Paulette y tomó cargo de la Profeco cuando quitaron al papá de la lady que cerraba restaurantes. En esta ocasión, como comisionado en Michoacán, daría la impresión de haber topado con pared: se trata del changarro más complejo que le ha encargado su jefe y ni de lejos le ha dado una cara presentable ante el circuito mediático a la gestión del gobierno federal en ese estado. Castillo llegó como el administrador de un segundo piso para el gobierno del estado, en muchos sentidos por encima del gobierno formal y, claro, del pacto federal. De inmediato, se sentó a negociar con los grupos de autodefensa que por entonces estaban en ebullición y trató de aparentar que podía mantener sus labores dentro de un marco legal. Repartió las armas entre los grupos que más le convenían y regularizó a muchos de los llamados narcos "arrepentidos". Para esto, metió al bote al líder de estos grupos con más arraigo ciudadano, y que menos reductible era a negociar con el gobierno federal: José Manuel Mireles. (Ah, sí: y le cambió el nombre a las autodefensas, porque sonaba medio placoso, para bautizarlas como Guardias Rurales). Mireles, al centro, flanqueado a la derecha [con barba] por uno de los socios cómodos de Castillo, el Papá Pitufo. También se reunió con Juan José Farías, El Abuelo, un conocido "ex" narco que había sido lugarteniente de los hermanos Valencia y a quien se ha relacionado con Zheli Ye Gon y el cártel Jalisco Nueva Generación. Ya después explicaría que no sabía quién era ese señor y que la reunión era pública, aunque haya sucedido en una bodega cerrada. Pero de todos modos nada de su "explicación" tuvo sentido, así que para qué esforzarnos en discutirle. Fotograma del video de la tal reunión y retrato de El Abuelo. Son sólo algunos ejemplos de razones por las que la chamba del virrey era cuestionable de origen y lo que ha sucedido desde que llegó al cargo no es más que el resultado previsible. Desde su llegada, la mayoría de los índices de delitos graves (con excepción del secuestro) ha aumentado, la presencia territorial y el volumen de los negocios de los cárteles no se ha visto afectado (al contrario, se ha consolidado la operación de nuevos grupos, como el de Los Viagras) y la rivalidad entre las distintas facciones de las guardias rurales y los cárteles viejos y nuevos se ha vuelto más intrincada y ha llevado a enfrentamientos más frecuentes y violentos. Uno de los más recientes, que ha sido punto de inflexión para el confuso manejo de la "seguridad" en Michoacán, fue el tiroteo del pasado 16 de diciembre en el pueblo de La Ruana, entre el grupo liderado por Hipólito Mora y el que dirige Luis Antonio Torres, El Americano. El saldo fue de 11 personas muertas, entre las que se contó a Manuel Mora, hijo de Hipólito. Hipólito Mora, ahora preso en el penal de Mil Cumbres. A pesar de que los fallecidos estaban repartidos entre ambos bandos (seis pertenecían a las fuerzas del Americano y cinco a las contrarias), en una primera instancia se trató de imputar a Hipólito diez cargos de homicidio por los hechos de ese día: todos menos el de su hijo. Y aunque tanto él como el Americano se entregaron voluntariamente, el trato que se ha dado a los dos ha sido distinto en matices muy significativos: Mora se presentó ante las autoridades, dos días antes que su rival, en medio de un enorme operativo de seguridad y de señalamientos anticipados de su culpabilidad por parte de las autoridades. A Luis Antonio Torres, por el contrario, sólo le faltó el mariachi cuando lo despidieron en Buenavista Tomatlán: llegó una hora más tarde de lo pactado, con sólo nueve de sus hombres (el compromiso era que se entregarían 26 personas) y una mujer se colgó del helicóptero en que se lo llevaron a Morelia, llorando a moco suelto por su partida. Lo más elocuente de esto fue el abrazo con que el procurador el estado, Martín Godoy Castro, recibió a quien supuestamente habría de ser investigado por las muertes de ese 16 de diciembre. El Americano, al momento de ser recibido y alegremente acompañado por su amiguito, el procurador Martín Godoy. El comisionado/virrey despachó mediáticamente el asunto con la explicación de que el tiroteo se debió a problemas personales entre los dos dirigentes (y de paso, se aventó algunos malabares argumentativos para hacer de la entrega voluntaria de ambos una muestra del "fortalecimiento de las instituciones"). Es decir, una balacera entre dos grupos, armados y legitimados por el gobierno federal, que supuestamente se encargan de mantener la seguridad de una región, se explica sólo como un pleito entre dos vatos que se caen mal, algo que no debe preocuparnos. Y no es como que el problema lo haya agarrado desprevenido, porque no le han faltado indicios para sospechar que el proceso de integración de las autodefensas se había corrompido antes de su llegada y sobre todo, que esos indicios se multiplicaron durante la formación de las guardias rurales. El Americano ha aceptado haber pertenecido al cártel de Los Caballeros Templarios, aunque la versión que más circula es que sigue trabajando para ellos. Una de las voces que más ha insistido en esto es la del cura Gregorio López Jerónimo, de la diócesis de Apatzingán (tocayo del sacerdote asesinado en Guerrero hace unos días), que habló desde la llegada de Castillo a Michoacán del riesgo de que el Estado armara a narcotraficantes en activo y los dejara operar dentro de un marco legal. En concreto, dio el nombre de Luis Antonio Torres, y no ha dejado de insistir en su colusión con organizaciones dedicadas al narco, al tiempo que ha señalado la condena injusta contra Hipólito Mora, uno de los pocos integrantes de alto rango que mantienen cierta credibilidad y base popular. También ha denunciado que el comisionado recibió al inicio de su gestión siete millones de dólares de parte de Los Viagras, a cambio del derecho de operación en su territorio. El cura Gregorio López Jerónimo. Una de las primeras consecuencias del enfrentamiento en La Ruana fue la toma de la presidencia municipal de Apatzingán, por parte de ex integrantes de las autodefensas, que pedían justicia para los asesinos del hijo de Hipólito y que se detuviera a Servando Gómez, La Tuta. La versión oficial trata de vincular a los ocupantes con el cártel de Los Viagras, aunque como hemos visto, no nos saldría barato creer la versión oficial a ciegas. El hecho es que el desalojo de la toma ocasionó un nuevo enfrentamiento, con saldo de nueve muertos reconocidos hasta hoy y 44 detenidos (que ya fueron consignados y enviados al penal), en el que intervinieron tanto fuerzas de la policía federal como del ejército, de una manera que no ha sido completamente aclarada. Se sabe que la PF disparó a los ocupantes, alegando que portaban armas largas y que ellos habían iniciado el tiroteo. Con todo esto, el plantón se reanudó y al momento se mantiene. Algunos de los participantes en la toma de la alcaldía de Apatzingán. Al parecer, el único que efectivamente cree que todo esto no es para tanto es el mismo Castillo, quien, por ejemplo, al momento del enfrentamiento en La Ruana se encontraba desempeñando una importante visita institucional en Polanco, que tenía por objeto la compra de un rólex y comer en un restaurante mamón. Apunto esto no con la intención de condenar de forma superficial su tan compartida inclinación por las cosas caras (pagadas con dinero ajeno), sino porque es representativo de la estrecha, casi inexistente (diría que le quiten el "casi", pero Castillo sí tiene ventajas mediáticas y políticas sobre los narcos) distancia que lo separa de quienes dice combatir: las cabezas de los cárteles. Se ha hablado de Michoacán como laboratorio de una nueva estrategia de gestión de la seguridad pública. Es cuestionable que se trate de un modelo que pueda implantarse en el resto del país. La tendencia, más bien, parece ser la de crear distintos esquemas adaptados a cada entorno. (Un ejemplo sería la policía militar de Nuevo León, donde se pretenden crear zonas de seguridad destinadas a proteger, sobre todo, a la industria energética, al estilo Irak). El asunto michoacano podría servir, en todo caso, como una radiografía de la forma en que se instrumenta y se simula el "combate" a las drogas: en primera instancia, se tiene la apariencia de un conflicto integrado por tres partes, cada una con sus subdivisiones y fracturas como son las instancias gubernamentales (gobierno federal, ejército, gobierno del estado, la comisión de Castillo, etc.), las guardias rurales/autodefensas y los cárteles. La segunda de estas partes en bronca parecería tener sus fronteras cada vez más difusas, desbordándose a cada uno de los dos costados, lo que, en teoría, explica la escalada en la violencia. Servando Gómez, La Tuta, famoso conductor de reality shows, entrevistador y gerente de un exitoso corporativo. Lo cierto es que la figura del comisionado y la historia de su desempeño pone en evidencia que se trata de un gestor del conflicto para provecho del régimen: su flagrante parcialidad, las evidencias de su corrupción y la forma selectiva en que parece intervenir para apagar enfrentamientos o, si se necesita, exacerbarlos, están documentadas. Es por eso que la chamba de Castillo es, necesariamente, algo más que la gerencia en turno y en ese sentido el apodo de virrey sería acertado. Un aspecto de ese trabajo sería coordinar la distribución del mercado del crimen organizado como un asunto vinculado a su trabajo oficial de regular la violencia (como ejemplos, la forma en que ha solapado la transición de tantos miembros de Los Templarios hacia las guardias rurales y la evidencia de su protección de brazos nuevos como Los Viagras). Pero esa administración no es solamente la económica, sino la que se refiere a una acepción más amplia de la palabra: la gestión del poder sociopolítico. Y una parte integral de esta gestión, tal como se practica en las "modernas democracias latinoamericanas", es el manejo del conflicto derivado de la prohibición de las drogas y la violencia inevitable entre las partes interesadas en ese mercado, por el hecho de ser relegadas a la ilegalidad (entre las que siempre mediará el poder estatal). La supuesta guerra contra las drogas ha sido un mecanismo efectivo para romper el tejido social y combatir la oposición organizada al régimen. Sobre todo, en la actualidad facilita la implantación de medidas de control político y económico cada vez más agresivas, por vía de la desmovilización y el temor permanentes que provoca en zonas específicas. Castillo se asegura de mantener aceitado ese mecanismo haciendo lo mismo que le era encargado al representante de la Corona en la Nueva España: asegurarse de domesticar a los socios estratégicos y mantener al resto de rodillas. |
"Yo ejecutaba, cortaba cabezas"; sicario que trabajo para 'El Chapo' Posted: 10 Jan 2015 12:12 PM PST Los asesinatos empezaban con una llamada telefónica y solían terminar en una decapitación, pero eran sólo trabajos para este sicario mexicano. Uno de los, quizá, cientos que han aterrorizado Ciudad Juárez. Pero ahora las torturadas caras de los muertos lo persiguen. Al recordar sus años como asesino a sueldo, relata que la mayoría de sus trabajos comenzaban con una voz al teléfono que le indicaba el lugar de reunión. En la casa de seguridad encontraba las armas y al equipo. Le entregaban una fotografía de su objetivo -un jefe policiaco que debía dinero, un político que se puso en el camino- y esperaba la señal, a veces durante días. La víctima podía estar en su casa, en su oficina, fuera de un centro comercial o dentro de una patrulla de policía. Los asesinos raramente batallan para hallarla. A los guardaespaldas generalmente se les sobornaba. Varios tiros detrás de la cabeza o una ráfaga de balas en la portezuela del coche y en el cuerpo eran suficientes. Los asesinos reciben instrucciones de cortar la cabeza si la víctima hablaba demasiado; los brazos y dedos, si robaba drogas o dinero. "Hay cuestiones que hacen personas y que no deberían de haberlo hecho y <ése es el castigo", explica el sicario y ex oficial de policía a Reuters desde un sitio seguro en Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso, Texas. Temiendo por su seguridad, pide mantener su identidad en secreto. Habla casi con susurros. Sus ojos están cubiertos con gafas de espejo y apenas puede verse una hilera de dientes rotos detrás de su labio inferior. Los sicarios que trabajan para bandas del narcotráfico están convirtiendo a México, una prominente economía emergente y uno de los principales abastecedores de petróleo a Estados Unidos, en una zona de conflicto que está alarmando a Washington, al turismo y a inversionistas extranjeros. El presidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva contra los cárteles de la droga desde que asumió el cargo a finales del 2006. Los enfrentamientos entre las bandas y con fuerzas de seguridad han dejado más de 23.000 muertos en el país desde entonces. Baja el precio del asesinato El sicario solía ganar hasta 15.000 dólares en efectivo por cada asesinato, pero ahora dice, la paga ha caído fuertemente. En estos días, cualquiera puede ser un sicario, vendedores minoristas, adictos, policías de nivel bajo, comenta. "Matan a mujeres y niños, trabajan sin ningún cuidado", se queja tras insistir en que él fue un profesional desde su primera ejecución a los 17 años. "Yo mataba, cortaba cabezas. Tuve mucho trabajo en el 2008, a veces varios trabajos por día", cuenta fríamente. Trabajó durante años en la frontera, en los estados de Baja California, Sinaloa y Sonora. Y antes de que la guerra del narcotráfico escalara, se mudó a Juárez donde el capo Joaquín 'El Chapo' Guzmán del estado de Sinaloa envió a sus hombres a pelear por las rutas de trasiego de droga a Estados Unidos. Fue contratado para matar a empresarios, funcionarios locales y jefes policíacos, nunca contrabandistas de poca monta. Aparentemente trabajó para Guzmán, aunque rechaza nombrarlo. Tras 20 años en el negocio, no pudo más y se retiró. "He cambiado mi vida", dice mientras sostiene una Biblia. Se dice arrepentido, pero el pasado pesa en su conciencia. "Muchas veces ves cómo quedan las personas, con sus cabezas desbaratadas a balazos. Quedan grabadas en la mente", asegura. De policía a sicario Al principio estaba nervioso, y temblaba. Lo hizo estando drogado, pero sabía manejar una pistola porque fue entrenado como agente de policía en su natal Durango, en el noroeste de México. Durango es un estado donde muchos agricultores pobres se han convertido en productores de marihuana y en donde Guzmán, un hombre maduro, celebró su boda con su novia de 18 años en 2007. Es territorio 'narco' y es donde el sicario aprendió el negocio. Él y su grupo de amigos de la preparatoria transportaban marihuana desde ranchos en la montaña a la ciudad de Durango, pasando por puntos de revisión militar en horas designadas. "Ya estaba arreglado", relata. Se unió a la policía un poco después, pero sólo duró un año, tiempo suficiente para aprender a usar un arma automática. Primero fue testigo de una profunda corrupción policiaca en Durango y aprendió lo necesario sobre secuestro, extorsión, soborno y asesinatos a sueldo. También cómo vivir con perfil bajo, llevar varios celulares, nunca viajar con armas y estar siempre disponible. "Hay gente en Juárez, es la que nos maneja, nos distribuye entre los trabajos. Venimos de afuera, nomás venimos a hacer lo que hay que hacer", explica, "hacemos la agresión, hacemos nuestra salida y desaparecemos". |
El Día Reyes que trajo balazos y detenidos en Apatzingán Posted: 10 Jan 2015 10:34 AM PST "¡Tírense al suelo!", gritó un Policía Federal cuando ya estaban los balazos.Era de madrugada y frente al ayuntamiento de Apatzingán, Michoacán. Comerciantes y padres de familia vendían y compraban juguetes por el Día de Reyes. Blanca estaba en su puesto donde vendía juguetes, cojines, almohadas, bolsas y billeteras. Después de las dos de la mañana del 6 de enero. La Policía Federal llegó al lugar para desalojar a civiles presuntamente armados, quienes habían tomado el palacio municipal desde antes de Navidad."Llegaron los federales y comenzaron a tirar balazos, dijeron que nos tiráramos al suelo. Otras veces nos avisan para desalojar el lugar" y comenzar sus operativos, pero esta vez no fue así, dijo Blanca. Cuando comenzó la balacera, Blanca, de 28 años, estaba sentada en su puesto. Corrió a refugiarse a la juguetería "Novedades Jaqueline". "Cuando me metí ya estaba mucha gente tirada refugiándose. Temía que se metieran al local y empezaran a tirarnos: ahora sí nos matan a todos". En esos momentos no se mide el tiempo, sino el miedo. "Se oían balazos por todos lados". Algunas personas se tiraron pecho tierra en la calle para que no les tocaron las balas, otras se alcanzaron a meter a locales. Blanca no sabe cuánto tiempo pasó, pero "duró un buen rato el enfrentamiento". "Le pedía a Dios que me protegiera, que nos protegiera a todos los que estábamos ahí, porque el problema era entre los federales y las personas que tenían tomado el palacio. Éramos más la gente inocente que ellos", dijo. Las ráfagas dejaron de sonar. Blanca y las otras personas que se refugiaron en la juguetería "Novedades Jaqueline" se levantaron. Blanca asegura que poco después los federales entraron a ese negocio "y se llevaron a la gente a punta de pistola en la cabeza. Fue cuando la familia empezó a decir que no se los llevaran. Una muchacha decía 'no se lo lleven es mi marido, venimos a comprar los Reyes a nuestros hijos'. Incluso les enseñaron unos juguetes que ya habían comprado, pero así se los llevaron". Entre los detenidos iban el tío de Blanca, José Matías, de 62 años, taquero; su primo, Rodolfo Matías, de 21 y Gustavo Enrique Barón, de 49 años, quien se dedica a lavar autos, pero ese día estaba trabajando en la juguetería, explicó Blanca. José tiene un puesto de tacos llamado "La última cena", a media cuadra de donde Blanca tiene su negocio. Además, es dirigente de comerciantes del lugar, va a la iglesia y acude a Alcohólicos Anónimos. Según Blanca, su tío y primo terminaron de vender tacos en su negocio y fueron a comprar juguetes. José llevaba a su hija. "Aquí traían a la niña escogiendo (su regalo). Ellos ya habían terminado de comprar cuando empezó la balacera", explicó. Según las autoridades, en ese operativo murió una persona atropellada por los mismos manifestantes y detuvieron a 42 hombres y dos mujeres, a quienes se les acusó de participar en el enfrentamiento y que aparentemente estaban armadas. También aseguraron 23 vehículos. "Se llevaron a varios, entre ellos a mi tío, a mi primo y al chavo. Son a las personas que identifico porque las conozco. Las demás personas eran clientes, ya traían juguetes, venían con sus esposas, no había un hombre solo, había niños. Unos matrimonios venían con sus hijos", explicó. Familiares de al menos 12 detenidos, entre ellos los de Blanca, acudieron a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán y dijeron que sus parientes no tenían nada que ver con las personas que mantenían tomada la alcaldía, aun así los habían arrestado. El presidente de la CEDH de Michoacán, José María Cázares Solórzano, explicó que entre estas quejas por detenciones ilegales está la de una persona que realizaba compras por el Día de Reyes, dos que estaban en un puesto de tacos y otra que trabajaba en una juguetería. Ahora los dos familiares de Blanca y otros 42 detenidos están presos en el penal federal de Tepic, Nayarit, acusados de portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas y asociación delictuosa. Según Blanca, autoridades municipales de Apatzingán dijeron a los familiares de los detenidos que les proporcionarán ayuda para que vayan a visitar a sus parientes a Nayarit, "pero nosotros no queremos visitarlos, nosotros queremos que los saquen porque ellos no cometieron delito. No son delincuentes". Horas después del desalojo de la alcaldía, civiles presuntamente armados emboscaron y se enfrentaron con los Policías Federales que trasladaban a un corralón los 23 vehículos decomisados, según el comisionado Alfredo Castillo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que de los dos enfrentamientos hubo al menos nueve muertos, cuatro civiles y dos federales heridos. |
Años y Años de la misma cochinada en Tamaulipas Posted: 10 Jan 2015 10:22 AM PST Las sospechas de que había una relación entre el poder político y el crimen organizado de Matamoros, Tamaulipas. Trascendieron al menos desde mediados de 2013, cuando se publicó que la entonces candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la Alcaldía de esa ciudad, Leticia Salazar Vázquez, había recibido más de 3 millones de dólares de un empresario a quien distintas versiones ligaban con el Cártel del Golfo. Pese a las indicios, Salazar Vázquez se convirtió en la primera Presidenta municipal de Matamoros y el empresario sospechoso, Luis Alfredo Biasi, en el titular de la Secretaría de Desarrollo Social del estado; es decir, su brazo derecho y su acompañante habitual en los eventos públicos. Un mes después de asumir el gobierno, y luego de un domingo de balaceras, bloqueos, "levantones" y de al menos 13 homicidios, el 3 de noviembre de 2013 la Alcaldesa Salazar volvió a ser tema de nota nacional al pedir a los habitantes de la ciudad no salir a las calles debido a que "sabía" que la violencia obedecía a una disputa interna de dicha organización criminal y que "seguramente" iba a continuar. En enero siguiente, la nota fue Biasi, luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) embargara una bodega con mercancía importada presuntamente de manera ilegal –bebidas alcohólicas y cigarro– y que, según reportes de los varios sitios electrónicos de Tamaulipas, pertenecía al entonces encumbrado funcionario municipal. "Se confirmó que las bodegas ubicadas en el lugar del operativo donde se realizó este embargo pertenecen al Secretario de Desarrollo Social del Municipio de Matamoros, Luis Alfredo Biasi", publicó el 1 de febrero. Pero nada ocurrió entonces con el funcionario sospechoso y la vida continuó de manera normal en Matamoros y en la mayor parte de Tamaulipas durante 2014; es decir, en un entorno de casi total impunidad, corrupción y violencia en el que persistieron los reportes de hechos de "terrorismo", los homicidios, los secuestros, los miles de robos de vehículos, las balaceras, los explosivos y demás crímenes que han convertido al estado en sinónimo de ingobernabilidad en México. Datos del reporte de incidencia delictiva del fuero común en 2014 –que fue difundido en diciembre pasado– plantean que, entre enero y noviembre, en la entidad hubo 528 homicidios, casi 5 mil 500 robos de vehículos y 244 secuestros denunciados, delito éste último en el que el estado ocupó el primer lugar nacional. LA VIOLENCIA NO CESA Un recuento de hechos de alto impacto hecho sólo con los reportes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) expone, por separado, que la violencia de este 2014 inició desde la noche del 13 de enero, cuando hombres armados ingresaron en el rancho del ex Alcalde David Manríquez Pérez, en el Municipio de Llera de Canales, al sur de Ciudad Victoria, y le dispararon en varias ocasiones. Luego, a principios de marzo, durante una persecución con policías, civiles armados lanzaron una granada al interior de una escuela primaria de Ciudad Victoria que no dejó consecuencias debido a que no habían iniciado las clases. Otro explosivo sin consecuencias detonó días después también en Victoria el 24 de marzo y, un mes después, la noche del 25 de abril, un grupo de hombres armados irrumpió en una taquería, también en la capital, y abrió fuego indiscriminado asesinando a dos personas e hiriendo de bala a otras siete, entre ellos a un niño de cinco años y a una anciana de 72. Diez días después, también en Ciudad Victoria, el nuevo director de Investigaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el coronel Salvador de Haro Muñoz, fue asesinado en su camioneta, junto con sus dos escoltas, y a manos presuntamente de elementos de la Policía Estatal Acreditable. De acuerdo con la profesora-investigadora y directora del Departamento de Gobierno de la Universidad de Texas en Brownsville, Guadalupe Correa, esos hechos de violencia y los que siguieron el resto de 2014, sobre todo –dice– en municipios como Matamoros, Reynosa, Tampico o Mante obedecen a lo que denominó "una tercera etapa en el descabezamiento" de la estructura tanto de los zetas como del Cártel del Golfo y que, todo indica, dice, ahora viven luchas internas. "No hay una lucha entre cárteles. Esta violencia se da en plazas que están en control de un grupo. Es una lucha interna del Cártel del Golfo derivadas de detenciones; es como una tercera etapa de descabezamiento de los grupos, el momento del desmantelamiento de la estructura de sicariato que se generó para esta guerra en la que ya fueron eliminados presuntos capos como Heriberto Lazcano o el 'Z-40′", dice la académica. En ese contexto, el 13 de mayo, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Angel Osorio Chong, acudió a Reynosa y, aduciendo precisamente dar respuesta a la violencia "al interior de estos grupos", presentó la "nueva fase" de la Estrategia de Seguridad para Tamaulipas con los objetivos, dijo el funcionario, de desarticular la composición de las bandas delictivas, sellar la ruta del tráfico ilícito y garantizar instituciones confiables. Además de reforzar acciones previas como "redoblar vigilancia en puertos, aeropuertos y principales rutas", Osorio anunció nuevas medidas, como el "uso intensivo de inteligencia para desarticular a las organizaciones delictivas", "recepción de denuncias anónimas", creación de grupos federales especializados en secuestro, despliegue de elementos y tecnología en la red carretera, entre otros. También, dividió la estrategia en cuatro zonas -frontera, costa, centro y sur- y a cada una asignó mandos especiales de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de la Marina (Semar). Para finales de julio, tanto el gobierno federal como el del Gobernador, el priista Egidio Torre Cantú, presumían una reducción del 38 por ciento en los homicidios dolosos de junio con respecto a mayo, aumento en las denuncias anónimas y el arresto de siete de los 14 "objetivos prioritarios" fijados al inicio de la estrategia. EL ASESINATO DE LA TUITERA Tamaulipas, sin embargo, volvió a sorprender no sólo a México sino al mundo a mediados de octubre pasado, cuando en las redes sociales fue difundido el secuestro y posterior presunto homicidio (la Procuraduría General de Justicia del Estado sólo confirmó lo primero) de la doctora María del Rosario Fuentes Rubio, que, identificada en Twitter como @Miut2, reportaba situaciones de riesgo en la región. La información presentó la dosis de terror que en México casi sólo proviene de Tamaulipas y, antes de que organizaciones internacionales denunciaran el caso, en la propia cuenta de la víctima en Twitter aparecieron fotografías en las que se le observaba recostada en un charco de sangre. Apenas tres días antes, el 13 de octubre, una madre de familia de Progreso, Texas, había reportado que sus tres hijos –Erica, Alejandro y José Angel Alvarado Rivera, de 26, 22 y 21 años de edad, respectivamente– se encontraban desaparecidos luego de que acudieron al municipio de Matamoros, al poblado del Control, a visitar a su padre. Desde un inicio, y con información de testigos, la madre de familia acusó a elementos del Grupo Hércules –a cargo de la seguridad de la Alcaldesa Leticia Salazar– como autores del "levantón" que concluyó el 29 de octubre con el hallazgo de los tres cuerpos asesinados, además de uno de un ciudadano mexicano. El Grupo Hércules había sido presentado en septiembre anterior por Salazar y Biasi y, de hecho, de acuerdo con la madre de las víctimas, había sido justo en el negocio de éste último donde habían encontrado la camioneta en la que viajaban las víctimas. Y, a los pocos días, la mañana del lunes 3 de noviembre siguiente, el delegado nombrado por Osorio Chong para la zona fronteriza del estado en la nueva estrategia de seguridad lanzada por el gobierno federal, general Ricardo César Villarreal, fue ejecutado sobre la carretera Monterrey-Nuevo León. "Tamaulipas presenta actualmente severos problemas de seguridad que se refuerzan por la gran debilidad de sus instituciones de administración de justicia en todos los niveles, su muy limitado grado de organización comunitaria y por la censura mediática casi absoluta en los espacios locales", escribió Guadalupe Correa este fin de año en su reporte Militarización y Seguridad Ciudadana en Tamaulipas (…), elaborado para el Woodrow Wilson Center, de Estados Unidos. Además, la vinculación del crimen organizado con el poder político y con casi todas las áreas de la vida pública de la región y la consecuente falta de resultados en materia de seguridad después de más de 10 años de disputa, agregó Correa en entrevista, permiten la creación de cuerpos policiacos anticonstitucionales como el formado por Salazar en Matamoros y que derivó en el homicidio de los cuatro jóvenes. En una situación como la de México –agregó la investigadora– donde la policía no hace lo que debe sino que adopta posiciones extrainstitucionales, donde no hay rendición de cuentas, puede ocurrir casos como en Iguala [Guerrero, donde desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa], donde los policías se extralimitan, porque no hay coordinación ni se ha reconstruido la policía". Todo esto, concluye, porque la historia del estado en el último siglo es la de la vinculación del crimen organizado con todos los demás aspectos de la vida pública del estado, y porque Los Zetas –que por su formación militar expandieron el concepto de violencia y crimen organizado en el país– y el Cártel del Golfo han contado por años con el poder político. "Si Los Zetas y el Cártel del Golfo pudieron llegar a controlar el estado de esa forma, las policías, quién entra y quién sale de la política, se debe a la gran unión, al poder que le han dado los políticos al crimen organizado, a la protección, a que todo ha operado para fortalecer este sistema que es controlado por grupos criminales", agregó. Con ese análisis coincide Raymundo Ramos, encargado del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, quien asegura que a ningún Gobierno, desde Vicente Fox Quesada, le ha interesado realmente solucionar el problema de inseguridad y corrupción que afecta a Tamaulipas desde principios de siglo. "No le quieren entrar a resolver el problema de corrupción porque tendrían que empezar, por ejemplo, por meter en la cárcel a Tomás Yárrington [ex Gobernador señalado en Estados Unidos como lavador de dinero para los dos cárteles, además de ser cómplice del homicidio del ex candidato Rodolfo Torre Cantú]", dice Ramos. "Lo están protegiendo, porque, con un despliegue de fuerzas armadas, marinos y soldados y un aparato enorme de inteligencia y, curiosamente, no saben dónde está el ex Gobernador Yarrington. A partir de ahí, todo lo que anuncia el gobierno federal es simulación", agrega. Como Correa, Ramos concluye que lo que falta para atajar de fondo el problema de la inseguridad en Tamaulipas, como en todo México, es voluntad: "El problema no se ataca de fondo e, insisto, aunque gasten miles de millones de pesos en armamentos, salarios, vehículos blindados, no darán resultado porque la voluntad no se percibe, porque depuran policías pero, ¿cuándo van a depurar al gobierno?". |
Capturan a asistente de Vicente Carrillo Fuentes Posted: 10 Jan 2015 10:12 AM PST En una operación encubierta, que duró varias semanas, grupos de élite de la Policía Federal y del Ejército detuvieron en Chihuahua. A David Aarón Espinoza Haro, "El Secre", presunto asistente personal de Vicente Carrillo Fuentes, "Viceroy", líder del cártel de Juárez, quien fue capturado en octubre de 2014. De acuerdo con funcionarios del gabinete de seguridad, este hombre de 47 años. Era el encargo de realizar múltiples transferencias de dinero desde distintos puntos de Chihuahua para el grupo de Carrillo Fuentes. Según las investigaciones federales, "El Secre" obtenía el dinero a través de diversas actividades ilícitas como tráfico de droga, extorsiones y secuestros en la región. Su jefe, Vicente Carrillo Fuentes, hermano del extinto Amado Carrillo, "El Señor de los Cielos", fue detenido también por la Policía Federal, a bordo de una camioneta. En un intento por no ser encarcelado, aseguró que era comerciante de semillas; sin embargo, hoy enfrenta proceso en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. |
Vídeo: ”Vamos a demostrarles lo que se puede hacer con armas, a la verga”, ‘El Americano’ Posted: 10 Jan 2015 09:44 AM PST "El problema era con Gendarmería. Ya Hipólito arrimó gente, órale pues, vamos a demostrarles lo que se puede hacer con costales y lo que se puede hacer con armas. A la verga", comentó Luis Antonio Torres. Luis Antonio Torres, "El Americano", dirigió un grupo de 30 vehículos en camino a la barricada de Hipolito Mora, el pasado 16 de diciembre, en La Ruana, Michoacán. En la frecuencia de radio, se le escuchó decir: "Ya estoy hasta la verga, el problema no era con los de Hipólito, ni con esos, era con Gendarmería, así que ahora que la aguanten, la neta; nos están dando la vuelta, así que la aguanten, a la verga. Vénganse todos pa´ acá". "El problema era con Gendarmería. Ya Hipólito arrimó gente, órale pues, vamos a demostrarles lo que se puede hacer con costales y lo que se puede hacer con armas, a la verga", comentó. Videograbaciones en poder de Noticias MVS así lo demuestran. Las dio a conocer esta mañana Marco Antonio Duarte, corresponsal en Michoacán de MVS. En los videos se puede observar patrullas de la Fuerza Rural y vehículos de "El Americano" aproximándose a la barricada de Hipólito Mora ubicada en el rancho "Los Palmares", sobre la avenida que une La Ruana con el entronque de la carretera Buenavista-Tepalcatepec. Cuando los hombres de "El Americano" llegaron a la barricada de Hipólito Mora, se escuchan gritos "¡Jálenle, jálenle!", retando a los hombres de Hipólito Mora. De pronto se escuchan tres balazos, lo que desata el enfrentamiento. Según el comisionado Alfredo Castillo, los testimonios recabados y las pruebas periciales indican que fue el hijo de Hipólito Mora el primero en disparar en el enfrentamiento del 16 de diciembre. En los videos se escucha que, del grupo de "El Americano", se escuchan gritos: "Tira las papas, tira las papas", una orden para detonar granadas. Todo, en el enfrentamiento del 16 de diciembre, que dejó 11 muertos, entre ellos el hijo de Hipólito Mora. Tanto Mora como "El Americano" permanecen encarcelados. |
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