Historias del Narco |
| La extorsionan, la detienen, la torturan… y luego la encierran 7 años en prisión Posted: 29 Jun 2014 07:10 AM PDT  En el año 2007, Belinda llegó a Torreón, Coahuila, procedente de la Ciudad de México, para ayudar a su hermana a administrar el negocio familiar, un bar llamado La Carreta, del que, poco tiempo después, se convirtió en la propietaria al 100%. El establecimiento daba frutos, funcionaba hasta la madrugada, y en pocos meses generó una clientela regular, éxito que fue rápidamente detectado por el crimen organizado y pronto comenzaron las extorsiones telefónicas, exigiendo a Belinda entregar las ganancias generadas por el bar, a cambio de preservar la integridad física de sus familiares.Belinda se negó a pagar, y el castigo vino pocos días después de la primera llamada extorsiva, el 15 de julio de 2007, cuando al Bar La Carreta llegó un convoy de la Policía Federal Preventiva (hoy Policía Federal), cuyos elementos invadieron el local para realizar lo que calificaron como una "revisión de rutina", para la cual, aseguraron, no se requería orden de cateo. Ya dentro del negocio, los agentes preguntaron por un cliente, el cual, afirmaron, se dedicaba a la venta de droga, pero él no estaba en el bar y, aunque las instalaciones fueron cateadas en ese instante, nada halló la policía que indicara la comisión de algún delito; sin embargo, Belinda fue detenida, sin orden de aprehensión y sin acusación formal en su contra, y sólo una cosa le dijeron los agentes: "Ya valiste madres, te va a llevar la chingada". Belinda accedió a acompañar a los agentes, en calidad de detenida, más por el miedo a que hicieran algo en contra de los empleados y los clientes, que por confiar en el legal proceder de los uniformados. Desde entonces, han transcurrido siete años, tiempo que Belinda ha permanecido en prisión, enfrentando cargos por secuestro, delitos contra la salud y delincuencia organizada. Pero tres detalles destacan en su caso: el primero, que no existen evidencias materiales de los delitos que se le imputan; el segundo, que las víctimas de dichos delitos nunca la señalaron como responsable; y tercero, que el único indicio que existe en su contra es una confesión incriminatoria firmada, según su decir, luego de ser sometida a dos días de tortura en una casa de seguridad, y luego de tres meses de incomunicación, dentro del Centro Federal de Arraigo, en la Ciudad de México… "Acuérdate" Inmediatamente después de ser detenida, Belinda, entonces de 38 años, no fue conducida directamente al Ministerio Público, como dicta la norma, sino que fue llevada al estacionamiento del Wal Mart de Torreón, donde le vendaron los ojos y comenzaron los golpes. Inicialmente, los policías le dijeron que habían entrado a su casa y encontrado ahí armas y droga, cuya procedencia le exigían explicar, siempre entre golpes e insultos. Belinda negó dichas acusaciones, a pesar de las advertencias de que debía "cooperar", así que fue trasladada a una casa de seguridad, en donde, afirma, "escuchaba gritos y ruegos de hombres, pidiendo que ya los dejaran". Siempre con los ojos vendados, Belinda fue desnudada y sometida a toques eléctricos en los pies, en las pantorrillas, en las ingles, en los genitales, en las manos, en los senos y en los pezones, esto, mientras era obligada a fijar la vista en fotografías de gente y casas que no conocía, "y cada vez que negaba saber lo que preguntaban, era nuevamente torturada", y amenazada con que, de no hablar, sus sobrinas serían conducidas hasta ese lugar y violadas en su presencia. Entre los gritos de dolor de otros hombres que eran torturados en ese lugar, Belinda pudo reconocer la voz de quien entonces era su pareja sentimental, quien también había sido detenido y trasladado a esa casa de seguridad, para ser torturado. Belinda entendió que la amenaza contra sus familiares era real y, sólo entonces, aceptó firmar la confesión incriminatoria. Para el día siguiente, Belinda, junto con otros de los detenidos torturados, fue trasladada de Torreón a la Ciudad de México, y antes de ser ingresada al Centro Federal de Arraigo, uno de los agentes le advirtió: "Acuérdate, gordita, en lo que quedamos: nada de que los torturamos o, si no, tu familia la va a pagar". ¿Derechos? Con el objetivo de comprobar la inocencia de Belinda, su defensa dedicó los primeros dos años desde su captura integrando al juicio evidencias de que ella no tiene relación con el secuestro en del que la acusan, ni con el grupo de supuestos traficantes de drogas con los que la vinculan, pero la lentitud del juicio comenzó a minar su salud, por lo que, en 2009, la defensa intentó una segunda estrategia: demostrar que la confesión incriminatoria le fue arrancada por medio de la tortura, con la intención de acelerar así su liberación. Para ello, el abogado de Belinda solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la realización del Protocolo de Estambul –la batería de exámenes científicos y psicológicos que permiten determinar si una persona fue víctima de tortura, aún cuando haya pasado un tiempo considerable desde los hechos–, lo que permitiría confirmar que la confesión autoincriminatoria fue obtenida mediante tormentos físicos. La CNDH, sin embargo, se negó a realizar dichas pruebas, alegando que "este organismo nacional no puede conocer (del caso) debido a la extempraneidad con que se presentó la queja". Y así, para Belinda sólo quedó una opción: esperar a la conclusión del juicio en su contra… juicio que se ha prolongado por siete años. –¿Cómo es posible que una persona pase siete años en prisión, sin que se le dicte sentencia? –se pregunta al defensor de Belinda, el abogado Giovanni Ibarra. –Ciertamente, en términos legales y jurídicos –señala el abogado– no se puede decir que siete años de juicio, sin veredicto, impliquen una irregularidad. En este caso lo que ha ocurrido es que el juicio se ha prolongado por todo este tiempo, debido a que Belinda está siendo juzgada junto con un grupo mayor de personas que son acusados de los mismos delitos, y cuando algo se detiene en el proceso penal de uno de ellos, eso detiene el proceso de todos los demás… por otra parte, en todos estos años muchos de los testigos presentados por el Ministerio Público han sido asesinados o desaparecidos, lo mismo policías que presuntos delincuentes, y cada vez que un testigo muere o desaparece, el juicio se vuelve más lento aún. –¿Qué pruebas existen en contra de Belinda, directamente? –Pues, en realidad, no hay pruebas materiales en su contra, además de la confesión que le obligaron a firmar. Las armas que los policías le dijeron que habían encontrado en su casa nunca existieron y, de hecho, no fue acusada de posesión de armas, sino de cooperación para el tráfico de drogas y secuestro. Por otra parte, en la acusación de secuestro, concretamente, uno de los coacusados afirma que una de las cómplices era una mujer a la que sólo identifica como "La Güera", y es esta declaración la que el MP está usando en contra de Belinda, pero no porque el testigo la identifique físicamente, sino sólo porque él afirma que en el secuestro participó una tal "Güera", y como Belinda es de tez blanca, la autoridad afirma que se trata de ella. No hay ninguna prueba más, sólo eso, y con eso, Belinda ha sido privada de la libertad por siete años. –¿Cuáles son las perspectivas que se tienen en torno a la conclusión del juicio? –Luego de siete años de presentación de pruebas, alegatos y periciales, este proceso finalmente concluyó esta semana, así que esperamos que la sentencia pueda ser emitida, a mas tardar, en un mes –explicó el abogado–, y confiamos en que el veredicto sea absolutorio, ya que el MP no ha logrado presentar evidencias concretas para sustentar las acusaciones que se formularon en su contra, mientras que, por nuestra parte, hemos presentado evidencias no sólo de que ella no tiene vinculación con ninguna banda criminal, sino también hemos presentado pruebas de que todo el caso en su contra ha sido fabricado, empezando por el hecho de que su arresto se realizó sin una orden de aprehensión, sin haber sido descubierta cometiendo algún delito flagrante, además de que comprobamos que la detención se realizó en un lugar y circunstancias disntitnas a las señaladas por la autoridad. Epílogo Este jueves, 26 de junio, se conmemora el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura y vienen, pues, a colación, las palabras de una de las sobrinas de Belinda Anabel Garza Melo: "Confío –escribió– en que la justicia de los hombres llegará, al fin, a su vida, de la manera correcta, y estoy segura de que Dios va a ayudarnos a estar juntas, pues sólo él conoce la verdad. Mi tía es inocente y espero que esto llegue hasta sus corazones y toque sus conciencias, para que se haga lo correcto…". |
| Posted: 29 Jun 2014 06:55 AM PDT  Del juicio en San Antonio, Texas, contra un empresario mexicano –quien trabajó para Tomás Yarrington cuando éste gobernó Tamaulipas– han surgido más evidencias contra el exmandatario estatal priista: su campaña fue financiada por el Cártel del Golfo; presuntamente pactó con las organizaciones del narcotráfico a cambio de porcentajes de las ganancias de sus cargamentos, e incluso se afirma que tuvo que ver con el asesinato del candidato Rodolfo Torre Cantú. Ya sólo falta la localización y captura del exgobernador.EL PASO, TEXAS.- Autoridades de Estados Unidos ya preparan testigos y acusaciones para el juicio por narcotráfico, lavado de dinero y fraude bancario que se le seguirá en esta entidad al prófugo exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba. Fuentes cercanas a la Corte Federal de Texas consultadas por Proceso sostienen lo anterior y refieren que después de las demandas mercantiles, por medio de las cuales las autoridades estadunidenses requisaron las cuentas bancarias y las propiedades en Texas del exmandatario tamaulipeco, se presentaron a un Gran Jurado los cargos penales con los que se pretende llevarlo a prisión. Los documentos en poder de esa instancia destacan que el priista se implicó directamente con el narcotráfico desde 2007, cuando "acordó con los representantes del Cártel del Golfo (CDG) y de los Beltrán Leyva organizar el acceso sin trabas para grandes cargas de cocaína hacia el puerto de Veracruz, México, a cambio de un porcentaje de cada carga". Además, agregan, la campaña electoral de Yarrington para el gobierno de Tamaulipas fue financiada por el Cártel del Golfo. Los cargos por narcotráfico contra el político priista fueron presentados en la Corte Federal de Brownsville, donde también se acusó al empresario Fernando Alejandro Cano Martínez por lavar dinero para quien fuera gobernador de dicha entidad. Según las fuentes cercanas al caso entrevistadas por este semanario en El Paso, uno de los testigos principales contra Yarrington será otro empresario, Antonio Peña Argüelles, quien fue condenado en marzo pasado a 30 meses de cárcel por lavado de dinero. La condena que le dictó a este último el juez de la Corte Federal del Oeste de Texas, con sede en San Antonio, incluye el pago de 5.5 millones de dólares. De acuerdo con las mismas fuentes, Peña Argüelles ya dio suficiente información para comprobar los nexos del exgobernador con los cárteles de la droga, pues el empresario fue el principal enlace entre el Cártel del Golfo y Los Zetas con Yarrington prácticamente desde los primeros años de su gobierno. "Antonio Peña Argüelles comenzó a trabajar con Tomás Yarrington desde aproximadamente el año 2000 o 2001, lavando el dinero proveniente de la droga que recibía Yarrington del Cártel del Golfo", indican los documentos del juicio contra el empresario y destacan que éste manejaba otros activos de Yarrington en Estados Unidos y México. "Estaba estrechamente asociado con altos miembros del Cártel del Golfo: Guadalupe Eugenio Rivera Mata, alias El Gordo Mata, y Juan José Muñiz Salinas, alias Bimbo", afirman. Rivera Mata y Muñiz Salinas eran los encargados de entregar a policías, alcaldes y al gobernador de Tamaulipas los sobornos que pagaba Osiel Cárdenas Guillén, quien desde 2000 tomó el control del Cártel del Golfo y había comenzado su expansión por el noreste de México. Los sobornos empezaban con 10 mil dólares mensuales para agentes del Ministerio Público Federal, a fin de que avisaran de los operativos contra el cártel; 500 mil dólares al mes para el alcalde de Nuevo Laredo, entre otros funcionarios, y alrededor de 1 millón de dólares mensuales para el gobernador. El documento de la Corte expone que Peña Argüelles utilizaba el Falcon Bank y el International Bank of Commerce de Texas; HSBC y Banamex en Nuevo Laredo y el Commerce Bank en California, donde se lavaban alrededor de 10 millones de dólares mensuales. El dinero de las cuentas en esos bancos se usaba "para sobornar a funcionarios mexicanos del PRI en el estado de Tamaulipas, para instalarlos en posiciones gubernamentales y que beneficiaran las actividades criminales de los cárteles". Los documentos del Gran Jurado indican que incluso la campaña electoral de Yarrington fue pagada por el Cártel del Golfo: "A partir de aproximadamente 1998, Tomás Yarrington Ruvalcaba, que entonces era candidato para el cargo de gobernador del estado de Tamaulipas y que era asistido por miembros corruptos de la policía del estado, recibió sobornos de las grandes organizaciones de la droga que operaban en Tamaulipas, incluyendo el Cártel del Golfo. "Estos sobornos eran recogidos por miembros de la Policía del estado y entregados para que los administraran Jesús Vega Sánchez y Tomás Yarrington Ruvalcaba. Los montos fueron variados, pero en total sumaron varios millones de dólares", señalan los documentos que se utilizaron en la Corte del Distrito de Brownsville para acusar al empresario Fernando Cano por lavar dinero para el exgobernador. Gracias a esos pagos Yarrington adquirió en 1998 el lujoso departamento 1401 del complejo Bridgepoint Oceanfront Condominiums, en el número 334 de Padre Boulevard, en Isla del Padre, por el cual pagó 450 mil dólares y ya fue requisado por las autoridades estadunidenses. Los documentos precisan que los pagos a Yarrington "continuaron durante su mandato de seis años como gobernador e incluso después". "Para finales de 2007 y hasta 2009, Tomás Yarrington Ruvalcaba se involucró más directamente con el tráfico de múltiples toneladas de cocaína. Tomás Yarrington Ruvalcaba acordó con los representantes del Cártel del Golfo y de los Beltrán Leyva organizar el acceso sin trabas para grandes cargas de cocaína hacia el puerto de Veracruz, México, a cambio de un porcentaje de cada carga", agregan las acusaciones contra el exgobernador presentadas en la Corte de Brownsville. Durante el proceso contra Peña Argüelles también se supo que el exgobernador se reunía con los principales líderes de Los Zetas. El primero era propietario de un rancho "de aproximadamente 15 millas cuadradas, entre el marcador 30 y 22 en la frontera de Nuevo Laredo", y recibía una cantidad mensual de Los Zetas como renta por utilizar ese predio "que permitía evadir un retén militar" en el trasiego de drogas a Estados Unidos. En esa propiedad Yarrington se reunió al menos dos veces con Miguel Treviño Morales, Z-40, y Heriberto Lazcano, líder de Los Zetas, según testigos que declararon durante el juicio contra Peña Argüelles en San Antonio. Amenazado Peña Argüelles fue arrestado luego de haber sido delatado por uno de sus empleados, quien decidió hablar con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) a fin de salvar la vida de su patrón. Identificado sólo como "CS-3", ese empleado se acercó a la DEA para dar información que resultó en el arresto de Peña Argüelles, para quien pidió protección, pues dijo que Los Zetas querían matarlo. El empresario no tenía opción: iba a la cárcel o seguía el destino de su hermano mayor, Alfonso, cuyo cadáver apareció en noviembre de 2011 en el monumento a Cristóbal Colón de Nuevo Laredo con un narcomensaje en el cual lo acusaban de haber robado 5.5 millones de dólares y de "no cumplir con sus obligaciones". Y en efecto, la mañana del 29 de noviembre de 2011 Antonio Peña Argüelles recibió en su celular un mensaje de texto –que se mostró durante el juicio en San Antonio– del Z-40: "Mire Sr. Toño, no le estamos pidiendo por un secuestro, es por el dinero que usted pidió, que era para políticos, y fueron puras mentiras. Así que es mejor que pague lo que debe. Sabemos cómo está la situación. Muy bien, no pague, como sea a ver dónde se esconde porque usted bien sabe que no va a tener dónde esconderse, ni usted, ni Ponchito ni Tony. Todos están metidos, así que quédese el dinero y en su próxima vida sepa bien a quién le roba. Además, su hermano anda diciendo aquí que usted y Tomas Yarrington, junto con Costilla mataron al candidato a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú, porque estaba afectando al negocio de la construcción y estaba protegido. De todas maneras, lo mataron por nada, su hermano se quedó y usted no logró nada. Y recuerde que mientras la persona esté viva en cualquier momento lo van a matar. No habrá un lugar seguro para usted Sr. Toño, así que buena suerte. No sea pendejo y ponga atención a quién le anda robando de y sobre el candidato, fue por los negocios que usted tiene con Costilla, Tomas y Osiel Cárdenas. Su hermano también me dijo de los prestanombres que tiene con las propiedades suyas y de Osiel y sabemos que están en Laredo, Texas y San Antonio." Fuentes confidenciales citadas durante el juicio contra el empresario contaron a la DEA que Alfonso Argüelles "fue asesinado por Los Zetas por el robo de dinero –procedente del tráfico de droga– que se le dio a Peña Argüelles a nombre de Miguel Treviño Morales, a cambio de influencia política con el nuevo gobierno de Tamaulipas a través del gobernador Tomás Yarrington". Soñar con Los Pinos Pese a sus relaciones con los cárteles, Yarrington soñó con llegar a la Presidencia, como anunció poco antes de terminar su mandato estatal. Sus aspiraciones presidenciales fueron respaldadas por Enrique Martínez y Martínez, entonces gobernador de Coahuila y hoy secretario de Agricultura; por el entonces gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, y por el entonces senador priista Enrique Jackson. Desde mayo de 2013 el FBI busca a Yarrington para procesarlo. De ser arrestado, juzgado y hallado culpable, podría recibir sentencias hasta de 20 años por lavado de dinero, 30 años por fraude bancario y 10 por tráfico de drogas. |
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