ALLENDE, COAH.- Los Zetas llegaron al norte de Coahuila en 2007, como avanzada del Cártel del Golfo; establecieron su sede en Piedras Negras y nombraron jefe de plaza a Lucio Hernández Lechuga, "El Lucky". Como segundo al mando quedó un capo local que desde tiempo atrás operaba por su cuenta: Mario Alfonso Cuéllar, conocido como "Poncho".
Las operaciones de narcotráfico en la zona fueron contadas por sus propios protagonistas en el juicio que se le siguió en Austin, Texas, a José Treviño Morales, hermano mayor de Miguel Ángel y Omar Alejandro, y quien lavaba el dinero de Los Zetas en Estados Unidos. En ese proceso Moreno, Cuéllar y Enrique Rejón Aguilar -"El Mamito", tercero en el mando de la organización- declararon como testigos de la fiscalía en abril de 2013.
"Tras arribar a la región norte de Coahuila, Los Zetas impusieron el modelo de Alejandro Magno cuando conquistó el imperio persa", dijo Poncho Cuéllar al jurado. Explicó que, después de someter a los persas, Alejandro no impuso a sus allegados en el poder, sino que dejó a los gobernantes locales porque ellos sabían cómo manejar las cosas, tenían los contactos y conocían muy bien su zona geográfica. Los Zetas hicieron lo mismo: ordenaron a los capos de la región que trabajaran para ellos; a quienes se resistieron, los mataron.
 "El Lucky" también impuso un sistema de "subcontratación". Entregaba droga a los cabecillas distribuidores pero exigía que respaldaran sus operaciones con inmuebles y negocios. Si fallaban o las autoridades de Estados Unidos les decomisaban los narcóticos, Los Zetas se quedaban con sus propiedades.
Con ese mecanismo se construyó un imperio del crimen que pronto convirtió a Piedras Negras, Coahuila, en la segunda plaza más importante para el tráfico de drogas, después de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
En noviembre de 2008 Los Zetas decidieron mandar a Lucio Hernández como nuevo jefe de plaza de Veracruz, donde fue detenido por la Marina en diciembre de 2011 porque -afirmó "El Mamito" en el Juicio de Austin- "El Z-40" filtró su ubicación. En su lugar fue nombrado Omar Alejandro Treviño Morales, "El Z-42".
INDEPENDENCIA
En marzo de 2010 Los Zetas se independizaron del Cártel del Golfo y se inició la narcoguerra. El acoso de éstos y el reforzamiento de la frontera de Laredo por las autoridades estadunidenses provocaron que aquéllos trasladaran sus principales operaciones a Piedras Negras.
A su vez, Héctor Moreno relató que en ese periodo traficaban entre 500 y 800 kilogramos de cocaína al mes. La droga se dividía en pequeños paquetes que se contrabandeaban por el río Bravo, llegaban a casas de seguridad de Eagle Pass y se trasladaban por carretera a San Antonio, Austin y Dallas para su distribución al menudeo.
Este trasiego le dejaba a Los Zetas alrededor de 16 millones de dólares mensuales. Las ganancias, entre 4 y 5 millones de dólares, se enviaban a Nuevo Laredo para los hermanos Treviño. Los dólares se transportaban en los tanques de gasolina de los autos, envueltos en bolsas de plástico selladas.
Por alguna razón que aún no ha contado, Héctor Moreno y José Vázquez, uno de sus allegados, comenzaron a filtrarle a agentes del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) información sobre el tráfico de narcóticos: mandó mensaje a teléfonos móviles que fueron entregados a la DEA. A su vez, la agencia estadunidense los hizo llegar a altos funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) para que investigara, pero de esa dependencia pasaron a manos de "El Z-40", con la advertencia de que alguno de sus hombres lo traicionaba.
Miguel Ángel Treviño primero consideró que el delator era Poncho Cuéllar y comenzó a cazarlo; éste huyó a Estados Unidos y fue capturado el 9 de abril de 2012 en Dallas, Texas.
Las sospechas de "El Z-40" también se dirigieron hacia Héctor Moreno y José Luis Garza Gaytán. Y aunque logró confirmar que Moreno era el traidor, éste, Garza Gaytán y José Vázquez también escaparon a Estados Unidos. Moreno presuntamente se quedó con las ganancias del último mes y con el libro de contabilidad.
LA MASACRE
La venganza de los Treviño comenzó antes de que los presuntos traidores se sintieran seguros en territorio estadunidense.
Allende y Nava están en las inmediaciones de la semidesértica carretera 57, a 40 minutos de la frontera con Estados Unidos. La tarde del 18 de marzo de 2011 irrumpieron en el primer poblado alrededor de 40 camionetas con hombres encapuchados y fuertemente armados provenientes de Tamaulipas.
Primero cerraron los accesos por carretera y luego entraron a 10 lujosas residencias para llevarse a unas 80 personas, entre ellas mujeres y niños.
Los sicarios fueron a la alcaldía por los registros de catastro de las propiedades a nombre de Víctor Garza, Estela Villanueva, Sergio Garza, Héctor Moreno, José Luis Garza y otros. Durante casi un mes levantaron a cualquier persona que llevara alguno de esos apellidos. Algunas familias lograron cruzar la frontera para refugiarse en Eagle Pass, Texas.
Buscaron los 5 millones de dólares en más de 40 residencias y siete ranchos, algunos de los cuales incendiaron parcialmente o atacaron con armas largas y explosivos.
Ya entrado en la revancha, Miguel Ángel Treviño ordenó a sus sicarios de Tamaulipas que realizaran una "limpia" de su propia organización en Piedras Negras y en Cinco Manantiales. La brigada de exterminio se llevó a hombres de Poncho Cuéllar y a decenas de colaboradores de Los Zetas en los municipios de Zaragoza, Morelos, Guerrero y Villa Unión.
Efectivos del Ejército llegaron a Allende un mes después de que los sicarios abandonaron la región de Cinco Manantiales. Ninguna autoridad informó públicamente de la masacre, que se silenció casi dos años. Únicamente se comentaba en secreto y existían escasas referencias en redes sociales. El único registro eran fotos de las residencias destruidas, que aún permanecen así, como un monumento a la barbarie, y el reportaje Apocalipsis en Coahuila, publicado por este semanario en diciembre de 2012.
Un año después de tomar posesión, el gobernador Rubén Moreira ordenó que se investigara el genocidio: "En mi conciencia no va estar el hecho de que no haya volteado a ver a quien clamó justicia. Que en la cabeza de otros resuenen los gritos de esas personas de Allende que seguramente pidieron que alguien les ayudara y nadie lo hizo. Por eso di instrucciones al procurador de que se abriera una investigación."
Se montó así un operativo conjunto con más de 250 policías estatales y federales, así como militares y marinos, para peinar el norte del estado. Entre el 26 de enero y el 5 de febrero pasados esos efectivos, equipados con aparatos de alta tecnología y perros entrenados, buscaron junto con peritos forenses rastros de los desparecidos.
Encontraron algunas narcofosas y localizaron los barriles y contenedores con miembros humanos diluidos. Recolectaron huesos y restos de decenas de personas que aún son analizados por peritos de la PGR. Además se recabaron nueve declaraciones y se realizaron 32 entrevistas con exfuncionarios municipales. Los testimonios recabados por la PGJEC se mantienen ocultos porque evidencian la complicidad y complacencia con la masacre por parte de altos funcionarios de la administración de Humberto Moreira. | 
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