|                                  Tierra del Narco es   Videos, Fotos & Información sobre el Narcotráfico? en   México. | Secretaría de Finanzas de Baja California, proveedor de   licencias falsas a la Delincencia Organizada |   |  Oficialmente se emiten licencias para miembros del crimen organizado y   tarjetas de circulación para autos robados, con las cuales delincuentes evaden la   justicia. Los casos no son investigados
  Homicidas, traficantes y   secuestradores, son detenidos en posesión de documentos expedidos por la   Secretaría de Finanzas de Baja California, y a la fecha, ningún funcionario es   investigado por esa causa.
  Los cómplices de criminales enquistados en   las oficinas gubernamentales logran evadir a la autoridad, que se conforma con   procesar a capos por delitos mayores y no hacen el desglose a las subprocuradurías   para que éstas indaguen los delitos de suplantación y falsificación. El resultado   es que estos casos no se siguen de oficio.
  En octubre de 2012,   Alejandrina Giselle Guzmán Salazar, hija del narcotraficante Joaquín "El Chapo"   Guzmán Loera, fue detenida -y luego deportada- al intentar cruzar la garita de   Tijuana a San Ysidro. Al momento portaba una licencia que se le otorgó en Tijuana,   con dirección en esta ciudad, su fotografía y el nombre de una residente   legítima.
  Al capturar al más reciente cabecilla del Cártel Arellano   Félix, Fernando Sánchez Arellano "El Ingeniero", se le encontró una licencia de   Baja California presuntamente emitida en 1998, a nombre de Fernando Canales   Villanueva.
  A su opositor, Eduardo García Simental "El Teo", el Consejo   Estatal de Seguridad de Baja California le detectó, en 2009, dos licencias locales   con distintos nombres. Y en enero de 2010, al ser detenido en Baja California Sur,   se hacía pasar por un ingeniero.
  De hecho, en octubre de 2009, la   Procuraduría del Estado anunció que estaba investigando a la Secretaría de   Finanzas por el otorgamiento de los documentos mencionados, luego de que el grupo   criminal que García Simental encabezaba, secuestró y asesinó a Rogelio Sánchez,   jefe de la oficina de licencias en Tijuana, porque su contacto en la misma   dirección, un joven llamado Isaac Alcalá, dijo a los delincuentes que su jefe   había dado esos datos a la autoridad.
  A pesar del asesinato de un   funcionario público, después de cinco años, ese expediente tampoco tuvo avances   para detectar qué empleados estaban proveyendo de documentación a la célula   delictiva de "El Teo". Impunidad continuada
  El 20 de julio de   2014, la Procuraduría estatal anunció la detención del michoacano Juan Carlos   Almazán Mendoza "El Pillo", ex policía municipal en aquella entidad. 
  La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) aseguró en Tijuana que se   trata del presunto líder de la célula de Los Templarios en Nueva Italia,   Michoacán, con nexos directos con los cabecillas del cártel. Peor aún, admitió que   existe la posibilidad de que pretendieran agruparse para operar en Baja   California. Almazán fue aprehendido a solicitud de la Procuraduría de Michoacán,   donde se dieron cuenta que el detenido se había trasladado a Tijuana -la fiscalía   local fue informada de este hecho en noviembre 2013-, donde lo mantuvieron   ubicado, mientras les otorgaban las órdenes de aprehensión por secuestro y   homicidio.
  Al ser detenido, "El Pillo" se identificó como un empresario   de la construcción, con una identidad distinta que la autoridad no hizo pública, y   que tampoco desglosó para su investigación.
  Otro caso documentado, el   de Daniel Arce González (35 años), quien asesinó a Josué Crok la tarde del 17 de   junio de 2014 frente al restaurante de mariscos Rincón del Mar en la Avenida   Highland en National City, California. El presunto homicida cruzó después a   Tijuana, violando así la libertad condicional que se le había impuesto por el   delito de tráfico de drogas. 
  Para las corporaciones coordinadas de   California y Baja California, se trata de un sujeto dedicado al trasiego de droga   entre Tijuana y San Diego, a quien le estaban dando seguimiento, pero el homicidio   cometido contra Crok y su huida, obligó a un cambio de estrategia.
 
  Pasaron 37 días para que la Unidad de Inteligencia de la Policía Municipal de   Tijuana lo pudiera ubicar en condiciones de ser detenido con el menor riesgo   posible. En ese momento, Arce González circulaba en una calle de la colonia   Madero, tuvieron una identificación positiva y lo abordaron. El homicida trató de   evadirse mostrando documentación con un nombre distinto, una licencia oficial de   conducir expedida por la Secretaría de Finanzas con número 2106008157, Tipo D,   para choferes que manejan vehículos de alquiler. El documento estaba a nombre de   Luis Carlos Figueroa y, pese a tener una dirección en Avenida Central número 61,   Los Olivos, La Mesa, en Tijuana, la tramitó en Rosarito apenas el 21 de marzo de   2014.
  Sin embargo, como los agentes ya conocían su verdadera identidad,   Arce González finalmente fue detenido y entregado al Instituto de Migración,   entidad que posteriormente lo entregó a las autoridades de Estados Unidos, país   donde está siendo juzgado. Respecto a quién le otorgó o cómo obtuvo esa licencia   oficial para conducir, no se instruyó averiguación alguna porque la Procuraduría   del Estado simplemente no se enteró.
  En la tercera semana de julio de   2014, la Policía Municipal de Tijuana detuvo por una falta administrativa a Luis   Francisco Lozano Beltrán "El Paco Trokas". Apenas en junio, la Secretaría de   Seguridad Pública del Estado había identificado a este hombre como uno de los 60   "Más Buscados" . La autoridad informó que se trataba de un delincuente que había   sido detenido el 25 de septiembre de 2009, y liberado el 1 de octubre del mismo   año por falta de elementos.
  Sin embargo, Lozano Beltrán también tenía   un expediente en la Policía Municipal; había sido arrestado la madrugada del 8 de   junio de 2009 en compañía de cinco sujetos por detonaciones en el fraccionamiento   El Lago, Delegación Cerro Colorado, en posesión de una metralleta Uzi robada el 30   de abril del mismo año a un policía, durante el atraco a un comercio.
  Los capturados fueron entregados al Ejército, después regresaron a la Municipal,   donde Lozano Beltrán amenazó a los uniformados diciendo que "trabajaba" para   Raydel López Uriarte "El Muletas", que pronto saldría la cárcel. Y advirtió a los   agentes que López Uriarte los mataría.
 
  Al final, los delincuentes   fueron remitidos a la Procuraduría General de la República (PGR) junto con el arma   aquí descrita y 13 casquillos. Lozano Beltrán fue remitido por la posesión de una   licencia oficial de automovilista número 51 0070441, con dirección en Lomas de   Rosarito, tramitada el 8 de abril de 2014; documento que le fue entregado con el   falso de nombre de Francisco Beltrán Espinoza, además, por "usurpación de   identidad", un delito menor que alcanza fianza, y pese a que la Policía Municipal   lo grabó declarando que pagó 60 dólares para que le dieran el documento oficial   con identidad falsa, ante el Ministerio Público del Fuero Común se desdijo.   Aseguró que el funcionario que le hizo el trámite se equivocó, poniéndole los   apellidos de su mamá. No obstante, este delito se está investigando, confirmó la   Subprocuraduría en Tijuana. 
  Investigaciones oficiales
  De   los casos anteriores y en lo que va del año, la Subprocuraduría de Tijuana solo   fue informada del caos de Luis Francisco Lozano Beltrán "El Paco Trokas", quien se   identificó con la Policía como Francisco Beltrán Espinoza, pero en la PGJE negó   haber comprado documentos falsos, afirmando que todo se trató de un error.
  En este expediente, la PGJE aún se encuentra en proceso de averiguar si   hubo suplantación, falsificación, o si se alteraron sistemas de informática, y de   ser así, quién lo hizo. Además, falta saber si hay una persona dentro del gobierno   a quien se le deba responsabilizar por estos hechos, o si la culpa está en manos   de tramitadores externos.
  El detalle es que, a pesar de los casos que   se presentan una y otra vez, a la fecha no hay otras indagatorias de presuntos   criminales mayores con identidades y documentos falsos. 
  De enero a   julio, la Procuraduría en Tijuana solo ha recibido tres investigaciones más por   falsificación: dos de licencias falsas, a nombre de Luz María Pérez y Luis Alberto   Cisneros Heredia; y solo un caso por falsificación de documentos de vehículo,   relacionado con el robo de autos en California.
  Se trata de un hombre   que acudió a denunciar que a su nombre aparecía un vehículo que no es de él,   además, robado, y al localizarlo, tenía la serie de otro carro que circula   legalmente y con dueño en Estados Unidos.
  "Así es como pasan aduana y   sacan placas sin problemas, pero estamos en proceso de analizar de dónde proviene,   desde la importación, quiénes participaron, cómo ingresó, cómo se hizo el trámite   de importación" explicó el subprocurador en Tijuana, Gilberto Cota Alanís.
  Recordó que existe el problema de algunas tramitadoras, incluso en Estados   Unidos, que se anuncian para sacar licencias en ambos lados, "y la gente los cree,   el señor que vivía en Los Ángeles se dio cuenta de la falsificación cuando vino a   renovar el documento a Baja California".
  El licenciado Cota Alanís   detalló respecto a las posibilidades de fincar responsabilidad: "La situación para   que sea delito es que la persona sepa que está usando un documento falso", y en el   caso de los funcionarios de finanzas que sepan que los documentos que les están   entregando para el trámite son apócrifos.
  El directivo agregó que a   veces no es posible detectar si los documentos son legítimos, "sabemos que hay   tarjetas del IFE alteradas, pasaportes mexicanos alterados, lamentablemente es una   situación de las bandas delictivas, y lamentablemente pueden sorprender a   cualquier servidor público".
  Sin embargo, expuso que si el documento es   auténtico, con información falsa, se puede dar seguimiento a las firmas   electrónicas que lo autorizaron, además de verificar quiénes lo aprobaron en las   diferentes fases. "Y eso es lo que se está haciendo".
  Para   identificaciones positivas, "la huella es más fácil de detectar y determinar la   identidad real, es donde se ha identificado que no es la persona del documento,   que es genuino porque lo expidió la autoridad, pero es adulterado en el   contenido", concluyó el subprocurador.
  Por su parte, Bladimir Hernández   Díaz, contralor general del Estado de Baja California, apuntó que actualmente la   Contraloría lleva a cabo una investigación en la Secretaría de Finanzas por   expedición de documentos con falsedad de contenido, iniciada el 20 de julio de   2014. Se calcula que tardarán dos semanas en concluir este proceso emprendido por   información vertida en los medios de comunicación, acerca de una mujer que intentó   obtener una visa para cruzar a Estados Unidos con documentos falsos comprados en   Mexicali.
  Según el funcionario, se trabaja en varias líneas: "Una,   verificar si lo que se denuncia en medios se puede comprobar documentalmente, si   hay personal que labore actualmente en la Secretaría de Finanzas y que pudiera   estar implicado, o sean documentos elaborados fuera del gobierno.
  "Si   internamente es un asunto de corrupción, hay que mejorar procedimientos de   vigilancia del trabajo de los servidores públicos. Si fue externa, hay que mejorar   los puntos de seguridad que deben tener los documentos emitidos por la Secretaría   de Finanzas. En cualquiera de los casos existe un delito", aseveró Hernández, para   luego agregar que desde hace dos años están trabajando con un sistema -que forma   parte de un proyecto nacional- para dar seguimiento informático a quién hace   determinado trámite, a quién le toca vigilar qué sistema. Las claves de acceso les   permiten dar un seguimiento puntual a todo el proceso para emitir un documento   oficial.
  "Debemos ver si podemos demostrar fehacientemente que fue una   o varias personas la que introdujeron de manera fraudulenta sus claves para un uso   ilegal, o pudiera ser una falta de supervisión del propio servidor público, que   por carga de trabajo no haya hecho una supervisión correcta y no haya detectado   algunos elementos en el documento que podían sugerir"   concluyó. |  
 
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